La Justicia abrió una investigación de oficio por el caso de los turistas que vandalizaron un paisaje natural en Mendoza

Lo que comenzó como un video más en redes sociales rápidamente escaló en una fuerte polémica que ahora involucró a la Justicia mendocina. Las imágenes, registradas durante el último fin de semana en inmediaciones del dique Potrerillos, mostraban a una pareja de turistas realizando pintadas sobre piedras ubicadas en una zona montañosa de gran valor ambiental. La escena, que se viralizó de inmediato, no solo generó una oleada de reacciones en las redes sociales, sino que también derivó en una causa judicial.

Apenas unos días después, más precisamente ayer por la tarde, la jueza contravencional Viviana Fernández tomó cartas en el asunto y decidió actuar de oficio, dando inicio a una investigación en base al artículo 138 quarter del Código Contravencional de Mendoza, que establece sanciones para quienes alteren el medioambiente en zonas protegidas sin autorización. Se trata de una falta, no de un delito penal, pero con consecuencias que pueden alcanzar dimensiones significativas.

“El que por sí o por interpósita persona produjere una degradación ambiental no autorizada sobre el Piedemonte… será sancionado con multa desde los cinco mil (5.000) U.F. hasta cincuenta mil (50.000) U.F., o con arresto de hasta diez (10) días”, establece el artículo citado, según consta en el comunicado difundido por el Poder Judicial de Mendoza.

La sanción económica, de aplicarse en su máximo, podría alcanzar una cifra abultada. Considerando que cada unidad fija tiene un valor de 420 pesos, la multa oscilaría entre 2 millones y 21 millones de pesos, según la gravedad de la infracción. Además, la normativa contempla arresto por hasta diez días, suspensión, paralización, clausura o destrucción de la intervención infractora, así como la obligación de realizar cursos sobre temática ambiental impartidos por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con lo consignado por fuentes judiciales al medio local El Sol, el caso será derivado en los próximos días a los juzgados contravencionales de Luján de Cuyo, jurisdicción que corresponde a la zona donde se registró el hecho.

Por ahora, no se prevén declaraciones oficiales ni resoluciones inmediatas, ya que la causa se encuentra en su etapa inicial, centrada en la recolección de pruebas.

Las imágenes difundidas por redes sociales juegan un rol clave en este proceso. En ellas se ve claramente a las personas señaladas pintando piedras en plena montaña, lo cual podría servir para identificar a los involucrados y establecer si hubo intención o reincidencia, elementos que serán evaluados al momento de avanzar en las posibles sanciones.

En paralelo, las autoridades iniciaron tareas para evaluar el daño ambiental concreto. Si bien se trata de una infracción encuadrada como falta y no como delito, el artículo del Código Contravencional aplica para situaciones en las que se cause “la destrucción, alteración o pérdida de la funcionalidad de los cauces aluvionales” o cualquier tipo de degradación ambiental en el Piedemonte, zona protegida por legislación provincial específica.

Desde el Poder Judicial remarcaron que esta clase de hechos no pasan desapercibidos. “No sabíamos que no se podía”, se escucha decir en el video a uno de los turistas increpados por un conductor que los sorprendió in fraganti y grabó la escena desde su vehículo. El intercambio, cargado de tensión, fue compartido por numerosos perfiles en plataformas digitales y replicado por medios locales.

Este tipo de intervenciones, según las autoridades, no son nuevas en zonas turísticas de Mendoza. La reiteración de acciones similares, especialmente en tramos muy concurridos como los de Potrerillos, ha llevado a reforzar la fiscalización y a sostener campañas de concientización.

De todos modos, las sanciones previstas buscan no solo castigar a los infractores, sino también generar un precedente frente a futuras conductas.

Por el momento, la investigación continúa su curso. Se esperan peritajes sobre el sitio afectado y no se descarta la aplicación de medidas complementarias, como la destrucción de la intervención realizada.