El Senado de Mendoza aprobó este martes una ley que habilita a los cuerpos municipales de seguridad ciudadana a utilizar armas de baja letalidad, entre las que se encuentran las pistolas Taser, bastones, aerosoles disuasivos y pistolas de aire comprimido.
La iniciativa, que fue impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, recibió sanción definitiva tras lograr 20 votos a favor y 17 en contra.
La nueva normativa establece que los municipios de la provincia que decidan adherir a la ley podrán capacitar a sus agentes de seguridad ciudadana, conocidos como preventores, para que utilicen dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea.
El proyecto prohíbe de forma expresa el uso de armas de fuego por parte de estos cuerpos, limitando el armamento permitido a aquellos dispositivos considerados de “baja letalidad”.
El texto aprobado en el Senado determina, además, que la formación de los preventores será obligatoria y quedará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
Los contenidos incluirán resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador, aspectos contravencionales, primeros auxilios y derechos humanos, así como un módulo de no discriminación.
La ley establece que cada municipio que adhiera será responsable tanto del financiamiento del equipamiento como de la capacitación de los agentes, sin que medie una transferencia de fondos provincial automática.
De acuerdo con medios locales, la iniciativa contempla que los preventores podrán desempeñar, bajo autorización del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, funciones preventivas, disuasivas y auxiliares. Entre ellas se incluyen facultades para detener personas en flagrante delito, tomar denuncias, requerir documentación, asistir en pesquisas y actuar como primer respondiente en situaciones de riesgo.
La ley remarca que estos agentes, aunque podrán participar en tareas vinculadas a la seguridad pública, no deberán portar uniformes ni credenciales que puedan confundirse con las de la Policía de Mendoza o las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, según medios locales, la Ciudad de Mendoza es el primer municipio que avanzó con la aplicación de la ley: gestionó la incorporación de 30 pistolas Taser, como parte de una compra de 130 dispositivos realizada por el gobierno provincial, por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia, tiempo atrás.
Sin embargo, la normativa generó fuerte rechazo entre los bloques opositores. El Partido Justicialista (PJ) cree que el proyecto es una medida “improvisada”, detalló Mdz.
El senador Mauricio Sat criticó: “Este proyecto es un mamarracho jurídico que busca diluir el fracaso del Ejecutivo en materia de seguridad”.
También cuestionó la viabilidad de la implementación en municipios como San Rafael. “San Rafael necesitaría más de 800 agentes para cumplir la normativa. ¿De dónde saldría ese presupuesto?”, sentenció según El Sol.
Sat puso en duda la existencia de partidas presupuestarias para absorber estos gastos y señaló que la transferencia de responsabilidades desde la provincia hacia los municipios puede violar principios constitucionales y la normativa vigente en materia de seguridad pública.
Por su parte, el senador Félix González manifestó: “La ley es mala porque le otorga a los municipios facultades que ya tienen”.
Desde otros bloques, como PRO y Partido Verde, los legisladores expresaron críticas similares. Dugar Chappel, parte del segundo partido, afirmó según Mdz: “A personas que no han nacido para ser policías y quizá no tienen vocación para ejercer la seguridad pública le estamos otorgando la capacidad de actuar en esto”.
El senador Gabriel Pradines del PRO calificó la medida como la muestra de que “el Gobierno de Mendoza ha fracasado en la gestión de la seguridad en la provincia”.
Por otra parte, Duilio Pezzutti, del bloque Podemos Encuentro Peronista, sostuvo según Los Andes: “Tenemos que lograr que tiremos todos para el mismo lado, para que podamos ponernos de acuerdo en uno o dos temas. Creo que este es uno clarísimo, y debemos actuar en consecuencia”.
Armando Magistretti, del Partido Demócrata, también sumó su respaldo: “Acompaño el proyecto con el ánimo de que, de una vez por todas, el gobernador pueda terminar de redondear una política de Estado en materia de seguridad”.
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