El Gobierno informó este miércoles, en medio de los reclamos en Plaza de Mayo y el Congreso por parte de trabajadores del Hospital Garrahan, que despidió a 110 empleados del Hospital Posadas y que, ante el incumplimiento de la Conciliación Obligatoria por parte de ATE, se les descontarán los días a quienes adhirieron a las medidas de fuerza gremiales en el centro de salud pediátrico.
“En el camino hacia una salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos, el Gobierno Nacional continúa con el reordenamiento profundo de los hospitales nacionales. Como parte de este proceso, se decidió despedir a 110 personas del Hospital Posadas que no cumplían con sus tareas“, se anunció desde las redes sociales del Ministerio de Salud.
Se aclaró en el texto que “se trata de personas que directamente no iban a trabajar”.
“Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas. Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes”, indica el comunicado del Estado.
Desde el Ministerio se dejó en claro que “en esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos”.
“Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes”, se enfatiza en el documento.
El pasado 3 de junio, desde la Asamblea de Residentes del Hospital Posadas reclamaron una convocatoria a una mesa de diálogo y amenazaron con ir al paro en caso de no concretarse la cita.
Dos días más tarde, la dirección del centro de salud comunicó oficialmente a los médicos residentes que recibirán una mejora de sus ingresos, pero les advirtió que si toman medidas de fuerza podrían ser pasibles de sanciones.
En una comunicación a la que accedió Infobae, la dirección ejecutiva Posadas comunicó la decisión de “utilizar recursos propios para mejorar los ingresos que perciben por el desempeño de su trayecto formativo” dentro del hospital.
“Esta decisión, que se tomó en el marco de una mesa de diálogo con representantes del cuerpo de residentes, es posible gracias a que la administración que se ha llevado adelante en los últimos meses se puso como objetivo restaurar el orden institucional y optimizar los recursos del hospital para mejorar las condiciones laborales de los profesionales”, continúa la información del centro de salud ubicado en el partido bonaerense de Morón.
Levantaron la Conciliación Obligatoria por los reclamos en el Hospital Garrahan
Desde el Ministerio de Salud, en el mismo comunicado, se informó que se le solicitó a la Secretaría de Trabajo que “levantara la audiencia” que estaba programada para esta tarde en el marco de la Conciliación Obligatoria por la situación en el Hospital Garrahan, “debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE”.
“El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes. Por eso, también avanzaremos con el descuento del día a todos los trabajadores que se sumaron a estas medidas de fuerza ilegales”, se advirtió.
El texto afirma que “en esta gestión, nadie está por encima de la ley”. El que no cumple, paga las consecuencias.
“Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas, para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical”, concluye el comunicado difundido en redes sociales.
Desde la administración del Garrahan, en diálogo con Infobae, dejaron clara la postura del Gobierno: “En el marco de la Conciliación, ATE realizó medidas de fuerza el jueves, el sábado, este martes y hoy. Rompieron el diálogo”.
Este miércoles, los trabajadores del Garrahan fueron parte, con sus reclamos salariales, de una movilización a Plaza de Mayo que se reforzó con las presencias de quienes también marcharon pidiendo por mejores jubilaciones y en repudio a la ratificación de la condena a seis años de prisión a Cristina Kirchner, por corrupción en la obra pública.
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