
Un insólito caso de abandono laboral salió a la luz en la provincia de Neuquén, donde un médico que prestaba servicios en un hospital público dejó de asistir a su puesto durante cinco meses, sin presentar renuncia ni justificar sus ausencias. La investigación posterior reveló que había emigrado primero a Chile y luego a Estados Unidos, lo que derivó en su cesantía de la administración pública por decisión del gobernador Rolando Figueroa.
El profesional en cuestión, identificado como L.A.V., estaba asignado al Hospital “Dr. Gregorio Álvarez” de la localidad de Chos Malal. Según consta en el expediente, su última asistencia se registró el 26 de febrero de 2022. A partir de esa fecha, no volvió a presentarse ni se comunicó con sus superiores. El Ministerio de Salud de Neuquén abrió un sumario administrativo para determinar su situación y resolver el vacío legal que generó la falta de documentación formal sobre su salida del cargo.
Durante la etapa inicial del sumario, se constató que L.A.V. no había entregado una renuncia escrita ni aportado certificados médicos que explicaran su ausencia prolongada. Tampoco se había comunicado formalmente con la institución. Ante esta situación, personal del hospital se contactó con la inmobiliaria que le alquilaba una vivienda en Chos Malal, desde donde informaron que el médico había cancelado el contrato y entregado el inmueble el 28 de enero de 2022, es decir, casi un mes antes de que dejara de ir a trabajar.
A medida que avanzó la investigación, surgieron nuevos datos. El 8 de noviembre de 2023, la Dirección Nacional de Migraciones notificó que L.A.V. se encontraba en Chile desde el 20 de marzo de 2022. Más tarde, las autoridades tomaron conocimiento de que el médico había viajado a Estados Unidos, donde estaría trabajando actualmente.

En el expediente administrativo se dejó constancia de que L.A.V. fue formalmente notificado de las actuaciones y citado para ejercer su defensa. Sin embargo, nunca se presentó ante las autoridades provinciales. Recién el 21 de noviembre de 2024, ya con el proceso avanzado, envió por correo una copia de su DNI y manifestó: “Envío mi identificación personal para avisar que estoy en conocimiento de las actuaciones sumariales a mi nombre”. En esa misma comunicación, sostuvo que creía que su situación ya había sido resuelta, aunque reconoció que no había formalizado su renuncia por escrito, lo que, de acuerdo con la normativa, configura un abandono de trabajo.
Los auditores del caso concluyeron que la responsabilidad administrativa del profesional estaba plenamente acreditada. Argumentaron que no existía documentación alguna que justificara sus ausencias y que, además, había indicios de que se había desvinculado de su vida laboral en la provincia desde semanas antes del inicio de su inasistencia. Por este motivo, el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que dispuso la cesantía de L.A.V. de la administración pública neuquina.
Este episodio se suma a otros casos recientes en los que la gestión de Figueroa dispuso despidos por faltas graves en distintas áreas del Estado. El 26 de mayo, otros dos empleados públicos fueron separados de sus cargos mediante decretos del Ejecutivo provincial.
Uno de ellos es E.C., quien trabajaba como auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media N.º 14, ubicado en la localidad de Aluminé. El Consejo Provincial de Educación (CPE) le inició un sumario el 15 de junio de 2023, luego de recibir denuncias por acoso y abuso sexual por parte de compañeras de trabajo. El caso también fue judicializado y culminó con una condena por abuso sexual continuado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional.
El otro caso involucró a G.I.G., una enfermera del Centro de Salud Taquimilán, también dependiente del hospital de Chos Malal. Fue denunciada por el robo y comercialización de vacunas destinadas al sistema público. Ante la gravedad del hecho, el Ministerio de Salud tramitó su baja automática.
Los tres casos se enmarcan en la política de “tolerancia cero” impulsada por el Ejecutivo neuquino frente a incumplimientos graves en el ámbito estatal. Desde el gobierno provincial indicaron que este tipo de sumarios y sanciones seguirán aplicándose en distintos organismos en función de los antecedentes que surjan de cada situación.
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