La Legislatura de La Rioja dio luz verde a una reforma del sistema de justicia penal que apunta a introducir cambios sustanciales en la forma en que se administra justicia en la provincia.
A través de la aprobación unánime de tres leyes, el gobierno provincial busca establecer un marco legal que priorice la eficacia, transparencia y participación ciudadana.
Los ejes principales de la reforma se centran en la adopción del Sistema Acusatorio Adversarial, la implementación del Juicio por Jurado y la renovación de la Ley Orgánica de la Justicia Penal.
Estas disposiciones buscan a reemplazar el sistema inquisitivo tradicional, vigente desde 1951, con un modelo más moderno que asigna roles distintos tanto a los fiscales como a los jueces, garantizando la imparcialidad y el respeto a los derechos de todos los involucrados.
Cómo funcionarán y cuándo se aplicarán
El nuevo sistema acusatorio adversarial, al colocar la responsabilidad de la investigación sobre los hombros del fiscal, transforma la dinámica procesal. Este cambio reduce la carga sobre el juez, cuyo papel se redefine para convertirse en el protector imparcial del debido proceso.
Al permitir que tanto la Fiscalía como la Defensa operen en condiciones de igualdad, el modelo busca asegurar un juicio justo y respetuoso con la presunción de inocencia, uno de los pilares básicos del estado de derecho.
La legislación aprobada no se detiene en la estructura procesal, sino que también introduce un elemento innovador con la implementación del Juicio por Jurado. Diseñado para aumentar la participación ciudadana, este sistema involucra directamente a los ciudadanos en la administración de justicia.
Con un jurado de 12 personas seleccionadas mediante sorteo público del padrón electoral, con la intención de que la sociedad sea parte de la justicia. En caso de ser seleccionada, la persona debe asistir obligatoriamente, a menos que sea impedida por cuestiones legales.
La naturaleza del veredicto del jurado será inapelable, lo que subraya la responsabilidad y peso de la decisión ciudadana. Asimismo, el juez determinará la sentencia en caso de que el fallo sea de culpabilidad.
La implementación del nuevo jurado no será inmediata, pues se estableció un plan gradual con capacitaciones intensivas para operadores judiciales y auxiliares, programadas para la segunda mitad de 2025.
Este periodo de transición busca asegurar que quienes trabajan dentro del sistema estén adecuadamente preparados para el cambio, que se pondría en marcha de manera definitiva en 2026.
En cuanto a la nueva Ley Orgánica de la Justicia Penal, la cual reestructura y optimiza el funcionamiento del sistema judicial penal, se da justamente para alinearse con los nuevos principios del modelo acusatorio adoptado.
Las declaraciones posteriores del gobernador Ricardo Quintela argumentaron los objetivos de la reforma. El mandatario destacó estas medidas: “Avanzaremos hacia un sistema judicial más ágil, transparente y con mayor protagonismo de las y los ciudadanos”.
“Esta reforma permitirá consolidar un sistema penal más justo y democrático: con procesos más ágiles, transparentes e imparciales; con pleno respeto a los derechos humanos; con más participación ciudadana y herramientas efectivas para las víctimas y en sintonía con los marcos legales nacionales, provinciales e internacionales”, agregó el líder político.
Por otro lado, la diputada Lourdes Ortiz describió la reforma como un hito tras ser aprobada por unanimidad. Resaltó el abandono de un sistema que había sido superado por el tiempo, ya que estaba desde 1951.
Ortiz expresó que, con este nuevo modelo, se garantizará la imparcialidad del juez, se fomentará la publicidad y oralidad de los actos judiciales, y se reducirá el abuso de la prisión preventiva, todos cambios que buscan una justicia más equitativa y dinámica. Así como también aseveró que se verá un rol más activo de la víctima.
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