La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley transitoria que habilita la participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, la misión que reemplazará a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS).
El decreto, remitido a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Defensa Nacional el 28 de septiembre, entrará en vigencia el 2 de octubre de 2026, tras su publicación en el Diario Oficial. La normativa tendrá una vigencia inicial de 12 meses y prevé una prórroga automática mientras se mantenga la operación o si las autoridades salvadoreñas consideran necesario extenderla.
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La participación de El Salvador incluirá aeronaves de ala rotativa equipadas para tareas de misión, medios destinados a la protección de sus propios equipos y personal civil y militar. El texto también permite ampliar la asistencia de acuerdo con las necesidades operativas en Haití y con las capacidades institucionales del país centroamericano.
Contingente autorizado a operar desde Haití o República Dominicana
La ley establece que el contingente salvadoreño podrá colaborar con las tareas asignadas a la Fuerza de Supresión de Pandillas tanto desde territorio haitiano como desde República Dominicana. Para ello, el Gobierno deberá suscribir acuerdos entre Estados que regulen el despliegue, el mantenimiento de las aeronaves y las operaciones de abastecimiento.
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El decreto define al contingente como el conjunto de personal civil y militar de la Fuerza Armada de El Salvador que contribuirá con la misión. Sus integrantes deberán respetar las leyes locales, mantener una conducta compatible con el carácter internacional e imparcial de la operación y ajustarse a los Convenios de Ginebra y sus protocolos.
La normativa también establece que el personal tendrá libertad de movimiento para cumplir las labores asignadas y quedará amparado por el Acuerdo de Protección de Estatus de la GSF en Haití, relativo a inmunidades y privilegios.
Transición desde la fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas
La nueva autorización se apoya en la resolución 2793 de 2025 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dispuso la transición de la MMAS hacia la GSF en coordinación con el Gobierno haitiano.
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El documento recuerda que El Salvador ya había aprobado, en diciembre de 2024, la participación de su Fuerza Armada en la misión multinacional anterior. Aquella autorización vencía el 2 de octubre de 2026, fecha que coincide con la entrada en vigor del nuevo decreto.
El Gobierno salvadoreño informó a Naciones Unidas y a Estados Unidos su disposición a coordinar recursos para la operación. Según el texto legislativo, la Fuerza Armada está en condiciones de aportar ayuda militar y equipamiento de defensa para las tareas de seguridad previstas por la nueva fuerza.
Jurisdicción salvadoreña sobre el personal desplegado
El decreto reserva a El Salvador la jurisdicción sobre el personal que envíe a la misión, bajo el principio de nacionalidad. Además, faculta al presidente a negociar las condiciones necesarias para asegurar que los integrantes del contingente no sean entregados ni transferidos a tribunales internacionales, entidades u otros Estados, sin perjuicio de los tratados ratificados por el país.
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La ley también prevé que el personal salvadoreño reciba un trato equivalente al concedido a otros efectivos que participen, bajo mandato de Naciones Unidas y con aval del Gobierno de Haití, en tareas de mantenimiento de la seguridad.
Finalmente, el texto excluye de la Ley de Compras Públicas las adquisiciones que realice el Ministerio de la Defensa Nacional para equipamiento, entrenamiento, predespliegue y traslado del contingente.
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