La noticia que explotó el viernes pasado acerca de la nueva normativa para la obtención de la ciudadanía italiana solo para hijos y nietos de ciudadanos de aquel país, derivó en una profunda polémica acerca de los alcances del nuevo decreto-ley del gobierno de Giorgia Meloni que eliminó la posibilidad de que generaciones más lejanas puedan acceder a este derecho.
De esta forma, se pone fin al principio conocido como ius sanguinis o “derecho de sangre”, que hasta ahora permitía a descendientes de tercera generación o más tramitar la ciudadanía, es decir, aquellos con bisabuelos o tatarabuelos italianos podían reclamar la ciudadanía.
El decreto, que posee una vigencia de 60 días, aún debe ser ratificado por el Parlamento italiano, pero se espera que esto ocurra sin contratiempos, ya que la primera ministra cuenta con una mayoría parlamentaria que respalda esta medida.
De acuerdo con Franco Tirelli, diputado del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) y representante de los ciudadanos italianos en Sudamérica, esta medida es “drástica, errónea y discriminatoria”.
Uno de los puntos vitales del nuevo decreto, explicó, es los bisnietos de italianos solo podrán acceder a la ciudadanía si uno de sus progenitores residió al menos dos años de forma continua en Italia antes del nacimiento de su hijo. Esta condición excluye automáticamente a quienes no cumplan con este requisito, lo que ha generado una ola de cancelaciones de turnos en los consulados italianos.
Para el diputado Tirelli, esta condición es “totalmente inconstitucional” y anticipó que buscarán modificarla cuando el decreto llegue al Parlamento para su debate y eventual ratificación.
Según el legislador, los expedientes ya presentados y los casos en juicio por vía materna no se verán afectados, pero quienes aún no habían iniciado el proceso deberán esperar a que se defina el futuro del decreto en el Parlamento.
Tirelli explicó a Cadena 3 que todas las carpetas presentadas hasta el 26 de marzo de este año seguirán su curso normal y no serán alcanzadas por las nuevas restricciones. “Lo mismo ocurre con los juicios de ciudadanía que se encuentran en trámite en Italia”, detalló.
Además, el gobierno italiano planea centralizar los trámites en una oficina especial en Italia, lo que podría complicar aún más el acceso a la ciudadanía para quienes residen en el extranjero.
Este decreto-ley es solo una parte de un proyecto más amplio que podría incluir restricciones adicionales, como la exigencia de residencia en Italia para obtener la ciudadanía por matrimonio.
La ley de 1992 y el auge de los trámites
Hasta ahora, la ciudadanía italiana podía ser reclamada por descendientes de emigrantes italianos hasta la tercera o cuarta generación, gracias a una ley de 1992 que reconocía el derecho por sangre, independientemente del lugar de nacimiento.
Según datos del diario italiano Corriere della Sera, esta normativa permitió un crecimiento exponencial en el número de ciudadanos italianos en el extranjero, pasando de 4,6 millones en 2014 a 6,4 millones en la actualidad.
En países como Argentina, el número de reconocimientos de ciudadanía aumentó de 20.000 en 2023 a 30.000 al año siguiente, mientras que en Brasil y Venezuela también se registraron incrementos significativos. Sin embargo, el gobierno italiano argumenta que este “boom” ha dado lugar a abusos y fraudes, con gestores y estudios jurídicos que cobraban sumas exorbitantes por tramitar la ciudadanía.
El impacto de esta medida es profundo, especialmente en Sudamérica, donde se estima que entre 60 y 80 millones de personas podrían reclamar la ciudadanía italiana bajo la ley vigente. Sin embargo, con las nuevas restricciones, este derecho quedará limitado a una fracción mucho menor de la población.
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