La UBA declaró la emergencia salarial de sus empleados ante la pérdida del poder adquisitivo

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ratificaron la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y no docentes, una medida adoptada por unanimidad.

Según informó el Consejo Superior de la institución, esta decisión responde a la alarmante pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que se redujo en casi un 50 % durante el año pasado y continuó deteriorándose en los primeros meses de 2025.

Además, desde la casa de altos estudios se instó a los Ministerios de Capital Humano y de Economía a convocar reuniones paritarias para ajustar los salarios en función de la inflación registrada.

De acuerdo con la resolución aprobada, la UBA expresó su “profunda preocupación” por el impacto que esta situación tiene en las funciones esenciales de la universidad, como la enseñanza, la investigación, la extensión y las tareas asistenciales.

En una resolución firmada por las autoridades de la UBA se puso como ejemplo que “un médico residente que ingresa en un hospital universitario cobra en mano aproximadamente 900.000 mil pesos”, y que esa casa de altos estudios “gradúa al casi al 80% de los médicos del país y más del 90% de los odontólogos y veterinarios”.

Lucille Levy, consejera superior de la UBA y ex presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), destacó la gravedad de la situación al presentar el proyecto que ratifica la emergencia salarial. “Esto no es una cuestión de política partidaria, esto hace al desarrollo de la Argentina”, afirmó y subrayó la importancia de defender el prestigio y la excelencia académica de la universidad.

Según sus declaraciones, la comunidad universitaria está dispuesta a movilizarse “cuantas veces sea necesario” para proteger estos valores fundamentales.

La resolución también enfatizó la necesidad de una “justa retribución” para los trabajadores docentes y no docentes, considerando que su labor es esencial para el funcionamiento de la universidad.

Por su parte, Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, explicó que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios no solo fue significativa en 2024, sino que la tendencia negativa se ha intensificado en 2025. “La recomposición salarial que otorga el gobierno es menor a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)“, expresó.

El Consejo Superior de la UBA dejó en claro que esta problemática afecta a todos los sectores de la institución, incluyendo a los profesionales de la salud y a quienes desempeñan tareas vinculadas a la investigación y la extensión universitaria.

2024, un año signado por los paros universitarios

Varios hitos marcaron el 2024 en materia de protesta educativa luego de que el presidente Javier Milei anunciara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024.

Las universidades públicas venían advirtiendo desde principio de año por la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el Gobierno nacional, lo que condujo a la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril. La recomposición del salario fue uno de los puntos centrales de aquella marcha.

Tras el fracaso de una nueva negociación con el Gobierno, el Frente Sindical de Universidades Nacionales realizó otra huelga: ocurrió el martes 4 y miércoles 5 de junio. Denunciaron una pérdida de poder adquisitivo del 42% desde diciembre.

El anuncio de la medida de fuerza llegó al día siguiente de que los rectores universitarios informaran un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Eso, sin embargo, no incluía mejoras en el salario de los profesores.

Sin avances en la paritaria, la semana siguiente hubo una nueva medida de fuerza por dos días. Fue el martes 11 y miércoles 12 de junio, que afectó a las universidades públicas y colegios preuniversitarios de todo el país. La huelga fue decidida por los gremios docentes y no docentes, luego de que el Ministerio de Capital Humano incumpliera la promesa de acercar una propuesta de mejora salarial en el marco de la paritaria el jueves 6 de junio.

Después, una nueva medida por 72 horas tuvo lugar desde el 12 hasta el 14 de agosto: otro paro docente tras la última propuesta del Gobierno nacional respecto al aumento salarial. La situación se repitió durante el 20 y 21 de agosto.

La decisión surgió después de la última reunión paritaria en la que estuvieron presentes el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto con su par de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios y un grupo de rectores de las universidades nacionales.

En el encuentro, se dieron a conocer los aumentos ofrecidos por el gobierno nacional, que fueron del 3% para agosto y de 2% para septiembre.

Días después de esa oferta, con el objetivo de reclamar la protección y el financiamiento sostenido de las universidades nacionales, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), junto a la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu), realizaron un llamado para movilizarse el 12 de septiembre frente al Congreso.

La convocatoria ocurrió en medio de un paro de 48 horas que comenzó el 11 de septiembre, y tiene como marco el debate en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene media sanción de Diputados y que el Gobierno anticipó que vetará si supera el proceso legislativo. “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”, afirmó por entonces el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El resultado: el 2 de octubre se realizó la segunda Marcha Federal Universitaria, con gran repercusión en todo el país.

Días después de que el veto presidencial aplicado a Ley de Financiamiento Universitario fuera puesto bajo revisión por la Cámara de Diputados y consiguiera mantener la vigencia con un total de 84 votos a su favor, los gremios docentes realizaron otro paro total en todas las universidades públicas del país: ocurrió el jueves 10 de octubre.

La respuesta fue instantánea a la derrota en la Cámara baja. Los centros de estudiantes o grupos de alumnos autoconvocados, junto a los sindicatos universitarios, impulsaron clases públicas, cortes de calle y cacerolazos que culminaron con la ocupación de las facultades y de rectorados. En pleno fin de semana largo, más de 20 universidades fueron tomadas o tenían permanencias de activistas.

Luego de analizar que acciones tomar, el plenario docente universitario realizó el jueves 17 de octubre una nueva medida de fuerza en todas las universidades nacionales. La medida se enmarcó en un “plan de lucha” que abarcó también el avance de las tomas estudiantiles de más de 40 edificios de universidades públicas en todo el país.