La situación judicial de Felicitas Alvite, la joven influencer acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, sigue generando controversia. La posibilidad de que obtenga el beneficio del arresto domiciliario ha sido objeto de múltiples resoluciones judiciales y apelaciones, lo que ha llevado a un nuevo capítulo en el caso.
El accidente ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2023, cuando “La Toretto” circulaba a alta velocidad por la avenida 13, entre 531 y 532, sin respetar los semáforos en rojo. En esas circunstancias, impactó contra la motocicleta de Armand, provocando su muerte. Inicialmente, la fiscalía imputó a la joven por homicidio culposo, pero con el avance de la investigación, la carátula se agravó a homicidio simple con dolo eventual, delito que podría llevar a una pena de hasta 25 años de prisión.
En octubre de 2023, la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Plata rechazó el pedido de arresto domiciliario de Alvite. Sin embargo, la Cámara de Casación Bonaerense anuló esta decisión en los últimos días, permitiendo la posibilidad de que la acusada espere el juicio en su casa. No obstante, la familia de la víctima presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo que podría demorar o incluso revertir el beneficio concedido a la acusada.
La estrategia de la familia de la víctima
La familia de Walter Armand, representada por los abogados Delfina, Julio y Fernando Burlando, presentó una apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El documento argumenta que la decisión de la Cámara de Casación Penal es absurda y arbitraria, y que vulnera derechos constitucionales y convencionales, como el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Entre los principales puntos del recurso, se destacan:
- Vulneración del debido proceso legal: Se considera que la decisión del Tribunal de Casación Penal afecta la garantía del debido proceso, al anular resoluciones previas sin justificación suficiente.
- Derecho a ser oído: La familia de la víctima denuncia que no se respetó su derecho a participar activamente en el proceso judicial.
- Tutela judicial efectiva: Se argumenta que la decisión de Casación obstaculiza el acceso a un recurso sencillo y eficaz para proteger los derechos de la víctima.
- Violación de leyes de protección a las víctimas: Se señala que la resolución incumple la Ley Provincial de Víctimas (Ley 15.232) y la Ley Nacional 27.372, que otorgan derechos específicos a las víctimas en los procesos penales.
- Arbitrariedad de la decisión: La querella sostiene que el fallo se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
- Violencia institucional: Se acusa al tribunal de feria que intervino en el caso de actuar sin competencia y de no garantizar la protección de las víctimas.
La familia de Armand busca que la Suprema Corte bonaerense revise el fallo y, si es necesario, elevar la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además del recurso presentado, la familia de la víctima solicitó que se investigue el accionar de los magistrados de la Cámara de Casación Penal, debido a supuestas irregularidades en su resolución. En particular, se cuestiona la intervención de un tribunal de feria, ya que la resolución anulada no estaba firme al momento de ser revisada.
Por este motivo, se pidió que los antecedentes del caso sean remitidos a la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia. De confirmarse las irregularidades, los jueces podrían enfrentar sanciones o investigaciones disciplinarias.
El futuro de Felicitas Alvite
Actualmente, “La Toretto” permanece detenida en prisión preventiva desde hace más de ocho meses. Sus abogados, Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, continúan insistiendo en que su defendida debe recibir el beneficio de la domiciliaria, alegando que se trata de un derecho contemplado en la legislación vigente. Sin embargo, la posibilidad de que esto se concrete dependerá de lo que resuelva la Suprema Corte bonaerense.
En caso de que la apelación de la familia de la víctima sea rechazada, el arresto domiciliario de Alvite se haría efectivo.
Sin embargo, la querella aún tendría la opción de presentar una queja, aunque este recurso no suspendería la decisión, por lo que la acusada podría volver a su casa hasta que se resuelva la disputa legal.
Por otro lado, su defensa ha optado por un juicio técnico tradicional, descartando la posibilidad de un jurado popular. Esto significa que la decisión final sobre su culpabilidad recaerá en jueces profesionales. Aunque la fecha del juicio aún no está confirmada, se estima que podría celebrarse en el segundo semestre de 2025.
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