Tras la polémica con los diplomáticos, vecinos de la Embajada rusa cuestionaron los vallados que impiden caminar por la zona

La polémica que involucró a dos diplomáticos rusos que ayer se negaron a realizar un test de alcoholemia puso en el centro de la escena la queja de los vecinos a la Embajada de Rusia en la Argentina, ubicada en la zona de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, por un extenso vallado que dificulta la libre circulación.

“Los rusos hacen lo que quieren en este país”, advirtió un hombre frente a la sede diplomática. “Traban la bajada de los discapacitados, dejan los autos estacionados en cualquier lado, tenemos una empalizada desde hace tres años; es la única embajada de este país que no podemos caminar por la calle”, completó ante los medios que aguardaban la llegada de los diplomáticos, que fueron escoltados hasta allí por personal de Policía de la Ciudad.

Según explicó, el mencionado vallado, que ocupa casi la totalidad de la vereda de la calle Rodríguez Peña, genera serias complicaciones para transitar por la zona: “Hay gente que se cae, gente que no puede caminar con un cochecito de bebé porque se traba”, completó.

Una mujer se manifestó en el mismo sentido. “El privilegio (diplomático) lo pueden tener de la embajada para adentro, pero no en territorio argentino. ¿La vereda es argentina y rusa? Protesto por esta empalizada, me robaron la parte argentina de la vereda“.

Una situación similar ocurre con la Embajada de Venezuela en el país, ubicada en la zona de Las Cañitas, también en la ciudad de Buenos Aires: un amplio vallado, el mismo que se utiliza para evitar disturbios en grandes concentraciones, impide la libre circulación.

En ambos casos, ese tipo de despliegue corre por cuenta de la Policía Federal Argentina. “Lo deben haber pedido en su momento por lo de Ucrania”, destacó a este medio un funcionario del Ministerio de Seguridad, con relación a la embajada rusa. En rigor, el país que fue invadido y se encuentra bajo una lluvia de misiles rusos es Ucrania, por orden de Vladimir Putin.

El operativo de la polémica

En el marco de los operativos de seguridad vial desplegados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los festejos por la Navidad, ayer se registraron dos incidentes. El primer episodio ocurrió alrededor de las 10:45, en la Avenida del Libertador al 1000. Un hombre identificado como Sergei Baldin, de 38 años, conducía un Volkswagen Vento blanco con matrícula diplomática “D094CSB” cuando fue detenido por agentes de tránsito. Según detalló Infobae, Baldin no solo se negó a realizar el test de alcoholemia, sino que también evitó entregar la documentación requerida por las autoridades. Ante esta situación, la Policía de la Ciudad intervino y escoltó el vehículo hasta la sede de la Embajada de Rusia, ubicada en Rodríguez Peña al 2700, donde se labró un acta correspondiente.

El segundo incidente tuvo lugar aproximadamente una hora después, en el mismo control vehicular. En este caso, el conductor de un Toyota Corolla, identificado como Salomatín Cardmath, también se negó a realizar el test de alcoholemia. Al igual que en el caso anterior, el vehículo fue escoltado por la Policía hasta la embajada rusa, donde se completaron los procedimientos administrativos.

De acuerdo con lo informado por Infobae, ambos casos fueron tratados bajo las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de detenciones o registros por parte de las autoridades locales. Sin embargo, el artículo 41 de dicha convención también estipula que las personas con privilegios e inmunidades diplomáticas deben respetar las leyes y reglamentos del país anfitrión, incluyendo las normas de tránsito.

El primer secretario de la Embajada de Rusia emitió una declaración desde las puertas de la sede diplomática, calificando los procedimientos como una “grave violación del derecho internacional” y subrayando las disposiciones sobre inmunidades diplomáticas. No obstante, las autoridades locales aplicaron la normativa vigente, considerando que la negativa a realizar el test de alcoholemia equivale a un resultado positivo por defecto, según la infracción 7062 del Código de Tránsito.

En cuanto a las sanciones aplicables en casos de alcoholemia positiva, el Gobierno porteño establece multas que oscilan entre $94.530 y $1.260.400, dependiendo del nivel de alcohol en sangre. Además, los conductores pueden enfrentar la inhabilitación de su licencia de conducir por períodos que van desde dos meses hasta dos años. En casos de negativa a realizar el test, como los registrados en estos incidentes, la normativa también contempla la remisión del vehículo.