Se firmó un acuerdo para identificar a personas enterradas sin identificar

El jueves por la tarde la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) firmaron un convenio de colaboración para promover el intercambio de información forense de personas que hayan sido inhumadas sin identificar desde 1980 hasta el presente. El acuerdo tiene como objetivo la construcción de una base de datos forenses con fines identificatorios mediante la recopilación y sistematización de información de las causas judiciales en las que se haya tramitado el entierro de personas sin identidad conocida para que pueda ser articulada con la desaparición de personas.

La directora ejecutiva del EAFF, la doctora Natalia Federman, explicó los detalles en diálogo con Infobae. “Es un proceso que estamos iniciando en el que buscamos empezar a reunir información que está dispersa en muchas oficinas estatales, y esperamos que nos permita acceder a información existente en los archivos de poderes judiciales en todas las provincias”, sostuvo. Paralelamente, a partir del convenio firmado, JUFEJUS impulsará la celebración de acuerdos específicos con cada Corte o Superior Tribunal provincial.

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La Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, la doctora María del Carmen Battaini, expresó: “Resulta auspicioso en el marco de nuestros objetivos institucionales, que recaen en brindar un servicio de justicia, cada día, más eficiente, efectivo y cercano a nuestras comunidades; el diálogo interdisciplinario e interinstitucional nos enriquece en la construcción de caminos que nos lleven al cumplimiento de nuestras metas”.

Federman, por su parte, recalcó que la intención es reunir información de 1980 en adelante, pero que los hechos que sucedan en el presente también serán incluidos. “Buscaremos datos de personas que hayan podido ser enterradas sin ser identificadas y que a la vez estén siendo buscados por sus familiares o haya denuncias de sus seres queridos por desaparición. Sabemos que hubo varios casos en la Argentina, y que esta es una posibilidad real, que exista una persona que mientras está siendo buscada por una parte del poder judicial, otra provincia u otra instancia del poder judicial en otro lugar puede estar tramitando su entierro porque esa persona ha muerto, por acción de un tercero, o por un accidente, o por no tener documentos encima; por alguna situación por la que no pudo ser identificada y entonces esas dos instancias investigativas nunca se cruzan”, explicó.

Y agregó: “Ese es el interés de este convenio, a partir del conocimiento y la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura, empezar a unir esos dos caminos en un único lugar centralizado”. En este sentido, aclaró que será un proceso que implicará mucho tiempo, ya que se trata de expedientes de larga data en algunos casos, y un terreno amplio a cubrir en la extensión de todo nuestro país. De todas maneras, sentenció con convicción: “Es un proceso donde el primer paso hay que tomarlo ya mismo”.

Sobre la línea temporal que mantendrán, aseguró que “no será un corte entre pasado y presente, sino más bien buscar lo histórico, y resolver casos históricos, pero también que funcione como una instancia de articulación en lo que está pasando hoy mismo”. Con la esperanza puesta en que este convenio marque un camino, manifestó que si bien es posible que se presenten algunas dificultades en el acceso a algunos archivos por tratarse de documentación antigua, persistirán en el objetivo que tienen en común. “Cualquier documentación que podamos reunir es más que cero, y en eso queremos empezar a trabajar”, auguró.

“Que las provincias sepan que existe un organismo que está reuniendo la información sobre las personas muertas sin identidad conocida y va a intentar entrecruzar la información con las denuncias de personas desaparecidas”, remarcó. Y destacó también la importancia del diálogo transdisciplinario: “Las diferentes instancias judiciales y policiales, que trabajan con mucha intención, pero muchas veces sin poder reunirse con lo que están haciendo sus colegas en otra provincia; y esta colaboración nos brinda una plataforma para que lo que funciona de una manera estanca, empiece a funcionar de una forma un poco más articulada y en lo posible, darle alguna respuesta a alguien sobre cuál fue el destino de su familiar”.

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Tal como explicó, el horizonte es la construcción de una base de datos forenses con fines identificatorios, mediante la recopilación y sistematización de la información de las causas judiciales en las que se haya tramitado la inhumación de personas sin identidad conocida para compararla con la que surja de causas de personas desaparecidas. “El conocimiento que hemos reunido a partir de investigar la burocracia para saber lo que le pasó a las víctimas durante la última dictadura militar la vamos a aplicar también a otras formas de desaparición en las que no siempre está involucrado el Estado de manera directa, pero sí que la falta de articulación estatal hace que esa persona esté desaparecida”, reveló Federman.

“No nos vamos a concentrar en un fenómeno particular, sino en esa forma en la que el Estado no dialoga entre sus diferentes instancias, porque es la falta de diálogo produce para una familia una pregunta ensordecedora, que es: ‘¿Qué le pasó a mi ser querido?’”, concluyó. Cabe agregar que el Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro de alcance global que aplica metodologías científicas para la investigación y documentación de casos de violaciones a los derechos humanos y, en particular, en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y la restitución a sus núcleos afectivos.

El acuerdo fue firmado con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (Ju.Fe.Jus.), que es una entidad federal que nuclea a todos los miembros en ejercicio de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas que la componen, congregando así a los ministros integrantes de las cabezas de los Poderes Judiciales Provinciales de nuestro país. Entre sus objetivos se encuentra la preservación de la independencia de los Poderes Judiciales Provinciales; propiciar el reconocimiento del Poder Judicial como contralor de los otros poderes y garante de la seguridad jurídica de la sociedad; y en función de ello promover disposiciones acordes con el sistema democrático en lo concerniente a la designación y remoción de los jueces, e impulsar actividades tendientes a lograr una mayor productividad, eficiencia y desburocratización en la actividad de los organismos judiciales provinciales.

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