Un año, dos, tres, una década, catorce años. La orden de sanear el Riachuelo dictada por la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en una efeméride. Pasan los gobiernos nacionales, bonaerenses y porteños y poco ha cambiado en la cuenca más contaminada de la Argentina.
A pesar de que puede verse la limpieza del espejo de agua, las resoluciones de fondo, incluida la relocalización de las personas que viven al borde del Riachuelo sigue pendiente. Ni que hablar de los basurales a cielo abierto y de la reconversión de las empresas que siguen vertiendo sus contaminantes a las aguas de este río de llanura.
“La calidad del agua del Riachuelo no ha mejorado, nuevos basurales clandestinos emergen hasta el día de hoy, y la población relocalizada apenas supera el 30% de las soluciones habitacionales acordadas en 2010″, indica la nota firmada por cuatro ONGs (Asociación Vecinos La Boca, FARN, CELS y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos) que forman parte del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la sentencia.
“Con las descargas autorizadas por las resoluciones de ACUMAR, las industrias siguen liberando sustancias contaminantes al agua y no tienen límites establecidos para sus emisiones de gases y partículas tóxicas a la atmósfera. Efluentes orgánicos y cloacales se vierten sin el tratamiento adecuado. Cuando se concluyan las obras del “Proyecto Riachuelo” parte de ellos se descargará en el Río de la Plata sólo con un pretratamiento que retendrá sólidos y arenas, pero dejará pasar bacterias y químicos tóxicos disueltos”, continúa.
La obra a la que hace mención la declaración es la del colector del margen izquierdo del río que, según el anuncio oficial, se terminará en agosto del año próximo. La megaobra, que lleva adelante la empresa estatal AySA incluye 40 kilómetros de túneles, más un emisor subfluvial de 12 kilómetros y una planta de tratamiento de agua. Fue diseñada para mejorar la prestación del servicio a más de 4,3 millones de personas y, en un futuro, incorporar a 1,5 millones de habitantes a la red de cloacas.
Sin embargo, la sociedad civil advierte: “Las villas y asentamientos se expanden sin servicios urbanos básicos y el volumen de residuos sigue aumentando de manera significativa, sin contar con sistemas de gestión integral como lo ordenara la Corte allá por 2008”.
Las cloacas máximas son grandes conductos, de hasta 4 metros de diámetro, que permiten transportar la mayor parte de los líquidos cloacales de la Ciudad de Buenos Aires hasta el Establecimiento Wilde.
Existen tres de estas gigantes tuberías que atraviesan la Ciudad. Antiguamente, en especial en el caso de la primera cloaca máxima, permitían alejar los líquidos cloacales fuera de la Ciudad y depositarlos en la costa de Berazategui.
La primera cloaca máxima, la más antigua, conocida como la cloaca máxima del radio antiguo, por la zona de la Ciudad que primero contó con los servicios de agua potable y desagües cloacales, atraviesa la ciudad a la altura de las calles Paraná y Sáenz Peña hasta el Riachuelo, donde lo atraviesa y llega al Establecimiento Wilde.
La segunda cloaca máxima es también conocida como la cloaca del radio nuevo, que es la zona que abarca la mayor parte de la Ciudad de Buenos Aires. Y, la tercera, fue la última en construirse durante la década de 1940.
Plan Sanitario
El detalle de la nota recuerda que la Corte ordenó crear un Plan Sanitario de Emergencia que en primer lugar determinara la población en situación de riesgo y elaborara un diagnóstico de base.
“El mismo tenía como objetivo principal determinar las patologías producidas por la contaminación del aire, suelo y agua y crear un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar: la prevalencia y el registro patologías, especificar las medidas de emergencia a adoptar en la cuenca y elaborar y poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población. El Plan recién se presentó en 2019 y no vincula la contaminación ambiental con las enfermedades que genera. El Juzgado se negó a disponer los peritajes que el Cuerpo Colegiado le solicitó en reiteradas ocasiones y que hoy también pide el Cuerpo Médico Forense, insatisfecho con el informe de Acumar.”, aseguran las ONGs.
En la declaración realizada por las ONGs del Cuerpo Colegiado también se analiza la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) creada, por ley, un año antes de que se dictara la sentencia. Advierten que no se le puede endilgar responsabilidades a una sola gestión de gobierno, sino a la falta de homologación de políticas y planes para que la política de saneamiento pueda ser verdaderamente integral.
“El saneamiento del Riachuelo, aún con la constitución de la Autoridad de Cuenca, no se ha transformado en una política de Estado porque ni las dirigencias políticas ni los gobernantes han asumido sus responsabilidades en esta materia que afecta la salud y la expectativa de vida de la población. Hasta que ello no suceda la posibilidad de lograr mejoras significativas en esta deteriorada cuenca será un objetivo inalcanzable. Es necesario reorientar el proceso de saneamiento, no solo para salvar falencias pasadas sino –principalmente- para definir una política y una gestión ambiental renovada que, a partir de una estrategia de sostenibilidad, conduzcan a la consolidar el derecho a “un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, como lo consagra el art. 41 de la Constitución Nacional”.
Cabe agregar que la presidencia del Cuerpo Colegiado debía ser ejercida por el Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que está vacante desde hace 13 años.
“Somos totalmente conscientes de que procesos de tan alta complejidad no pueden resolverse de la noche a la mañana, lo sabemos porque hace casi tres lustros que perseguimos el cumplimiento de los mandatos impuestos por la Corte. Hoy a 14 años del fallo, el saneamiento del Riachuelo sigue siendo otra de las tantas promesas incumplidas”, culmina la carta.