Insultos, empujones y trompadas entre estudiantes peronistas, de izquierda y libertarios en una facultad de la UNLP

Un duro enfrentamiento marcó la tarde de este viernes en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata cuando un grupo de estudiantes se opuso a la presencia de militantes de La Libertad Avanza, exigiendo que levantaran una mesa de difusión que intentaban instalar.

El incidente, que terminó en insultos, empujones y golpes de puño, reflejó la creciente tensión política y social dentro de las universidades públicas argentinas, presionadas por el ajuste presupuestario impulsado por la administración de Javier Milei.

Las imágenes de la secuencia fueron difundidas por los propios protagonistas a través de redes sociales. Allí pudo observarse cómo decenas de estudiantes, vinculados a agrupaciones peronistas y de izquierda, rodearon a un pequeño grupo de militantes libertarios forzando su retirada. El episodio se desarrolló en los pasillos del edificio donde funciona la sede académica, ubicado en el ex Batallón de Infantería de Marina N° 3.

Como resultado inmediato, los estudiantes referenciados en Universitarios por la Libertad (UPL) debieron desalojar el espacio. Voceros de UPL manifestaron su repudio a lo sucedido en declaraciones a 0221.com.ar: “La agrupación fue echada de la Facultad”. También enfatizaron la necesidad de convivencia política dentro de la universidad, remarcando: “Somos estudiantes que queremos militar en paz, no molestamos a nadie y no queremos que nadie nos moleste. Es básico para la democracia”.

El clima en las universidades públicas se agrava ante la crisis presupuestaria

El episodio se inscribe en un contexto de creciente malestar en las casas de estudio estatales, donde las medidas de ajuste económico aplicadas por el Gobierno nacional inciden de manera directa.

Solo días antes, la Universidad Nacional de La Plata fue escenario de un extenso paro docente y no docente que frenó actividades durante una semana, reclamando recomposición salarial y más financiamiento.

En la actualidad, la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la reducción de fondos afectan la continuidad de clases y proyectos institucionales en distintas facultades del país. Esta situación fomenta el rechazo de diversos sectores estudiantiles a la presencia de agrupaciones identificadas con las políticas oficiales, a quienes señalan por impulsar acciones que “ponen en riesgo la educación pública”.

Los hechos del viernes en la Facultad de Psicología materializaron la tensión latente: estudiantes organizados impidieron la instalación de la mesa libertaria y documentaron la intervención, que se viralizó rápidamente.

No es la primera vez que la UNLP enfrenta antecedentes de enfrentamientos en sus unidades académicas. Agrupaciones estudiantiles y docentes han denunciado episodios de hostilidad a raíz de la profunda crisis financiera que afecta a la educación superior bajo el actual Gobierno.

La postura del Gobierno nacional ante un hecho similar en la UBA

Alejandro Alvarez, Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, difundió un reclamo en la red social X, -ante los reiterados hechos de violencia política que también se suscitaron en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires- dirigido a la rectora Mónica Biasone, en el que exige que “garantice la seguridad física de los estudiantes y la libre expresión de las ideas políticas”.

El llamado de Alvarez enfatiza la necesidad de adoptar medidas efectivas para enfrentar los graves sucesos denunciados en la universidad, al advertir que cualquier demora o negligencia podría ser evaluada como incumplimiento de funciones y exponer a la funcionaria a denuncias penales. El documento solicita respuestas rápidas para impedir situaciones de violencia, intolerancia o restricciones a la libertad de expresión.

La petición difundida en X por el Secretario de Políticas Universitarias responde a la inquietud generada por hechos recientes, que intensifican el debate sobre la seguridad dentro de los entornos educativos y la protección de derechos fundamentales en el ámbito universitario.