
En los últimos días, la legisladora santafesina y ex mediática Amalia Granata ha estado en la boca de todos luego de varias apariciones televisivas en las que afirmó que el colectivo trans “tenía privilegios por parte del Estado” y sugirió que la histórica privación del acceso al empleo que sufren, anclada en la brutal discriminación y prejuicios que todavía persisten, se arreglaría con que “se pusieran a estudiar”.
Sus dichos, los últimos en una serie de posturas ultraconservadoras de una política que estuvo en la boleta del PRO en las elecciones pasadas pero que también es cortejada por los libertarios de Milei de cara al 2023, fueron ampliamente repudiados por activistas y militantes a lo largo del espectro político, entre ellos el periodista Franco Torchia, quien es actualmente uno de las caras más visibles y lúcidas en la pelea por la ampliación de derechos para el colectivo LGBT+.
El viernes, hablando en el programa Todas las tardes que conduce Maju Lozano y se emite por Canal 9, Torchia dijo que con sus expresiones Granata había violado la Ley nacional de Identidad de Género así como también la Ley contra la Discriminación sancionada por la legislatura porteña en el 2015.
“En mi barrio y en mi país, una persona que viola las leyes es una delincuente. Si violás las leyes, estás funcionando como un delincuente. (...) [Granata] También está violando los pactos preexistentes en la constitución nacional y los pactos internacionales que rigen el respeto a los Derechos Humanos”, denunció.
Granata, quien durante el fin de semana se había bajado de la polémica y se había dedicado a pelear con la cuenta de Twitter del programa Intrusos del canal América, anunció el lunes que ya había iniciado acciones legales contra el periodista por el delito de calumnas e injurias por sus dichos televisivos.
Infobae se comunicó con Torchia y el vocero de Granata (Álvaro Zicarelli, quien explicó que transmitiría la postura de la legisladora santafesina) para conocer más detalles del conflicto y qué pasos seguirían de aquí en más.
“Los argentinos tienen que ser iguales ante la Ley. Ni discriminación, ni privilegios”.

Para Zicarelli el asunto es simple. Torchia calumnió a la legisladora al tratarla de delincuente y ahora deberá probar sus dichos ante la Justicia. También rechaza cualquier acusación de transfobia.
“Si hay alguna prueba de que Amalia no es transfóbica u homofobica, soy yo”, dijo a Infobae Zicarelli, quien está fuera del closet hace muchos años, aunque en el pasado ha dicho -además de “Guanaca” a Cristina Kirchner- que no se puede hacer de la sexualidad un “kiosco”.
“Para que no queden dudas al respecto, la diputada Granata no discrimina a nadie más que por sus acciones. Y dicho sea de paso, en su equipo hay 3 personas que forman parte del colectivo LGBT+ y se ocupan de tareas estratégicas centrales. ¿Por qué? Porque ella solo tiene en cuenta los conocimientos de las personas y lo que le pueden aportar a su tarea legislativa, jamás algo vinculado a género o identidad”, se defiende Zicarelli.
“Al mismo tiempo, la diputada cree que todos los ciudadanos argentinos deben ser iguales ante la ley, y nadie debe de gozar de ningún privilegio. Ella nunca va acompañar el aumento indiscriminado del gasto público en áreas de género y diversidad que poco tienen que hacer hoy y que poco hacen en favor de resolver la acuciante realidad en areas prioritarias como seguridad y la educacion”, añade.
“Es un intento de amedrentamiento de una legisladora a un periodista”.

Para Torchia, quien se ha visto inundado de mensajes de apoyo en las últimas horas por parte de organizaciones de DDHH, periodistas y militantes LGBT+, la denuncia por parte de Granata es de una “gravedad institucional indiscutible”.
“Se trata de una legisladora, una servidora pública, yendo contra un periodista. Es un intento de callar, de disciplinar, y hasta de censurar. Es un avasallamiento”, afirma Torchia en conversación telefónica con Infobae y reitera que la “delincuenciabilidad” de Granata está más allá de toda duda.
“Esto no es algo nuevo, ni en la historia del discurso público de Argentina, que ha sido siempre transodiante, ni en el de la propia Granata, quien viene despotricando hace años contra las niñeces trans. Con su postura sobre el aborto no me meto porque eso es un dilema moral. Pero acá estamos hablando de un tema de Derechos Humanos básicos que son negados”, asegura.
Según Torchia, las declaraciones de Granata se enmarcan además dentro de un debate local por la reciente inclusión de las mujeres trans en la Ley de Reparacion Histórica aprobada en el 2012 por la legislatura de Santa Fe por los abusos cometidos durante la última Dictadura.
“Por supuesto que son pocas las personas trans que han recibido esta pensión, porque la mayoria no sobrevivió ni llegaron a grandes. Pero hay que entender sus dichos también como una discursion al interior de la legislatura santafesina. Y es que su trabajo en politica es instalar estos discursos porque quienes la financian viven de una mercancia que es el retorno a lo que se dice familia traidicional y al estricto binarismo de género”, señala.
Pese a la denuncia de Granata, Torchia dice que no va a ser callado y que al contrario, su voz va a ser multiplicada. “Estoy esperando que llegue la carta documento. Después de eso, iremos en bloque. Con organismos independientes, activistas independientes, figuras políticas... Por suerte ahora hay fuerzas para contrerrestar a los que quieren amedentrar a las minorías. ¿Quieren terminar con el estado de Derecho? Bueno, que lo digan claro y dén esa discusión”.
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