
“Podemos ver que vamos a tener una suba de los femicidios y travesticidios y nuestra prioridad es bajarlos”, anunció en octubre del año pasado la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en una entrevista con Infobae.
Meses después, como sucede desde 2015, la Corte Suprema de la Nación (CSN) dio a conocer el Registro Nacional de Femicidios Edición 2020. Las conclusiones arrojaron cifras escalofriantes: se contabilizaron 251 víctimas directas de femicidio y 36 víctimas de femicidio vinculado, totalizando 287 víctimas letales de violencia de género en Argentina. Es decir: en 2020 hubo una víctima directa de femicidio cada 35 horas. Un año antes, en 2019, la cifra de femicidios fue de 268. Mientras que en 2018, fue de 278.
Si bien las estadísticas oficiales son las que elabora la CSN, aquellas que corresponden al 2021 recién serán divulgadas cuando finalice diciembre. En ese contexto, la organización MuMaLá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, difundió hoy un informe de los femicidios que se cometieron entre el 1° de enero y el 30 de agosto de 2021. Los datos en base a los cuales fue elaborado el trabajo, explicaron, se obtuvieron a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, Derechos Humanos y policiales.
Entonces, de acuerdo con el relevamiento, en lo que va del año, en Argentina se registraron un total de 142 femicidios, entre ellos 19 vinculados y 5 travesticidios. Esto significa que una mujer es asesinada por violencia de género cada 40 horas. Como consecuencia de esos crímenes 151 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre.

Según el informe elaborado por MuMaLá, el total de femicidios se eleva a 219, si se suman las muertes violentas de mujeres vinculadas al delito o sus colaterales (narcotráfico, venganza o deudas), las muertes violentas en proceso de investigación y los suicidios vinculados a sus relaciones.
En el 60% de los casos, el femicida fue la pareja o ex pareja de la víctima, mientras que en el 17% el asesino era conocido por la víctima y en el 8% eran familiares. Por su parte, se registraron 32 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales y robos, y 34 continúan en proceso de investigación, a la espera de autopsia y peritajes.
Desde la organización también señalaron que hubo 220 intentos de femicidios y el 13% de los femicidas se suicidaron luego de cometer el asesinato. Otro dato a tener en cuenta: el 24% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor previamente, mientras que el 15% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 2% botón antipánico.

En lo que respecta al rango etario, el 56% de las víctimas tenían entre 19 y 40 años, mientras que el 35 % tenían más de 60 años y el 7% tenían menos de 18 años, reflejando una edad promedio de las víctimas de 39 años. Teniendo en cuenta la modalidad del hecho, el 35% de las mujeres fueron asesinadas con arma blanca, el 26% fueron asesinadas con arma de fuego, el 19% fueron asesinadas a golpes, el 8% fueron quemadas, y otro 8% fueron asfixiadas.
El informe también detalla que el 13% de los femicidios fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad -policías, militares o del servicio penitenciario, ya sean activos o retirados-, donde en el 32% de los casos, los femicidas utilizaron su arma reglamentaria.
En cuanto al lugar del hecho, el 62% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, mientras que 13% de los femicidios fueron en la vía pública y el 6% de los femicidios fueron en descampados.

Los distritos que presentaron mayor tasa provincial de femicidios fueron: Santiago del Estero, Formosa, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Salta y Chaco, las cuales superan ampliamente la tasa nacional de femicidios, que es de 0,54 femicidios cada 100.000 mujeres.
Además, desde MuMaLá señalaron que se registraron 11 casos de suicidios femicidas, en los cuales se registraron antecedentes, denuncias y relatos de familiares, respecto de la violencia de género padecida por la víctima.
Por último, la organización le exigió al Gobierno nacional “la declaración de emergencia nacional en violencias de género, con el objetivo de incrementar y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+ en situación de violencia de género”.
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