“Tenemos pruebas. No hubiéramos llegado hasta acá si no tuviéramos evidencia que nos respalde”. Con esa contundencia, los fiscales a cargo de la causa por corrupción ligada al juego clandestino le pidieron al senador provincial de Santa Fe Armando Traferri (PJ) que renuncie a sus fueros para poder imputarlo. Como rechazó esa posibilidad hasta conocer las evidencias con que cuenta la fiscalía, esta tarde le exhibirán esas pruebas reservadas.
“Apenas las conozca, iré a declarar”, prometió el legislador, en tanto que los fiscales aseguraron que están a disposición para imputarlo hoy mismo. La incógnita ahora es que harán sus pares parlamentarios que deberían votar con la mayoría de dos tercios el desafuero de Traferri, que preside el bloque mayoritario del justicialismo en el Senado.
La novedad se conoció al término de una audiencia que se realizó esta mañana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, a la que concurrió Traferri para ponerse al corriente de las evidencias en su contra, que lo pusieron en el centro de una organización destinada a proteger el juego ilegal en la provincia. Según los testimonios, con esa recaudación se financiaron las campañas de varios partidos políticos, en una práctica que no es de ahora, sino que viene desde antes.
Hace una semana el ex fiscal Ponce Asahad, detenido por la misma causa, habló de una “pata política” en el manejo del juego ilegal en la provincia y mencionó al senador Traferri como un eslabón fundamental en ese armado de protección. En su larga exposición no mencionó delitos concretos, pero exhibió abundantes detalles de reuniones y llamados telefónicos entre el legislador de San Lorenzo, los dos ex fiscales detenidos y el empresario del juego Leonardo Peiti, también en prisión domiciliaria.
El legislador contestó esas imputaciones diciendo que era una maniobra política armada por el gobierno de Omar Perotti.
Justamente hoy se confirmó que el gobernador va a vetar completamente dos leyes que gestionó de manera personal y como un trámite exprés el senador Traferri.
Las leyes piden el control parlamentario de los gastos reservados del ministerio y plantean una incompatibilidad en el ejercicio de funciones en el gobierno y el Ministerio Público Fiscal.
El anuncio del veto se conoce el mismo día que Traferri concurrió a la fiscalía a rechazar las evidencias de una investigación en la que se lo involucra y en la que sostiene está guionada por el oficialismo.
En las próximas horas los fiscales van a enviarle la prueba que todavía no se conoce y que excede las declaraciones que hizo un ex fiscal detenido. Tras eso le pedirán el desafuero. “Él todavía no conoce las pruebas. Se amparó en sus fueros y no quiso que lo imputemos”, dijeron esta mañana los fiscales.
El escrito con el que Traferri respondió a las imputaciones que se le hacen fue considerado “insuficiente” por los fiscales.
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