Incertidumbre por los testeos obligatorios de coronavirus: “Apelamos a la responsabilidad de cada persona”, aclaró el gobierno porteño

En el día 2 de los testeos para quienes ingresen a la Ciudad de Buenos Aires hubo colas de 500 metros, demoras de casi dos horas y un pronunciado sesgo de incertidumbre. El Gobierno porteño anunció que a partir del 8 de diciembre se aplicarán nuevas medidas para las personas no residentes que permanezcan al menos un día y vengan de más de 150 kilómetros y para quienes vivan en la Ciudad pero reingresen luego de 72 horas. “Implican –dice el escrito– una declaración jurada, que podrá completarse online desde la semana que viene en buenosaires.gob.ar/permisoturismo, y la obligatoriedad de realizarse el test en los siguientes lugares”.

La nota sigue con la especificación de cada centro de test, aborda el protocolo de ingreso a la Ciudad y asegura la “obligatoriedad” del test de saliva. “Las nuevas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y establecen las precauciones para minimizar los riesgos de contagio del Covid-19 y cuidar la salud de quienes viven y visitan Buenos Aires”, expresa la misiva porteña. En el primer día hubo caos y mucha disconformidad. Hubo quienes expresaron su malestar en las redes sociales: manifestaron que los centros cerraron antes de lo previsto y que contaban con pocos test a disposición. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, respondió en conferencia de prensa cuando le hablaron de colapso: “La palabra colapso no se ajusta. Un período de demora entre una y dos horas es un tiempo habitual internacionalmente para testeos poblacionales”.

Para mejorar la coordinación del circuito de atención, al segundo día establecieron la cita con turno previo. La plataforma, ante la alta demanda, estuvo caída unos minutos y algunos usuarios denunciaban que les habían dado turno para finales de diciembre, de modo que no podían cumplir con el requisito de hacerse el test en las 24 horas siguientes del ingreso al territorio porteño.

Los centros dispuestos, al principio, fueron tres: la terminal Dellepiane para los que llegaron en micros de larga distancia, el edificio de la antigua cervecería Munich de Costanera Sur para los que utilizaron otros medios y el Centro de Convenciones (CEC) estrictamente para vehículos particulares. Fernán Quiros informó, durante la mañana, que abrieron otros dos centros en Callao al 500 y en Flores Sur: sin embargo, aún no están a disposición para otorgar turnos. “Iremos abriendo tantos centros de testeos como necesitemos e iremos gestionando la duración del período de acuerdo a los requerimientos de cada momento”, advirtió.

“¿Por qué si se van de la ciudad por tres o cuatro días es importante que cuando vuelvan se puedan testear? Básicamente –respondió Quirós– porque la gente que sale de su entorno habitual, de su familia, de su casa, de su forma de vivir naturalmente hay cierto nivel de relajamiento, hay más interacción social. Lo que le ofrecemos a la ciudadanía es que a la vuelta de su período de mayor riesgo podamos estar todos con cierto nivel de seguridad de que al menos una parte de las personas que potencialmente se contagiaron los podríamos detectar precozmente”.

No habló de obligatoriedad y repitió que se trata de un servicio gratuito que otorga la Ciudad: “Es un servicio que la Ciudad les da a todos los ciudadanos para que sigamos cuidándonos entre todos. No tiene un objetivo punitivo. Estamos construyendo un camino de cuidado colectivo e individual”. La duda quedó planteada. La misma línea argumentativa mantuvo el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Sanitaria, Gabriel Battistella: “Es un servicio que ofrece la Ciudad de Buenos Aires”.

En diálogo con América habló del concepto de la medida, apeló a una figura abstracta e intentó esquivar la definición de una norma obligatoria. “El objetivo sanitario de esta medida es ofrecer un servicio. Sabemos que mucha gente en estas Fiestas se va a trasladar. Por eso al retorno, el Gobierno ofrece el testeo como uno de los ejes de la estrategia de prevención”. El periodista Antonio Laje le preguntó si es obligatorio o no. Battistella respondió: “No queremos imponer lo punitivo. No queremos ir por ese lado”. Y agregó: “Apelamos a la responsabilidad de cada uno. No queremos bajar las barreras. Es una medida de cuidado”.

A su vez, el funcionario reconoció que la declaración jurada sí es obligatoria. En esa declaración jurada que se debe entregar antes de ingresar a la Ciudad además de completar datos personales, del grupo familiar, de la cobertura médica, del lugar de origen y del viaje, el turista debe leer y aceptar en total conformidad un texto que anuncia “información importante”. Ahí, en ese extracto, se enumeran las consecuencias de un proceder ilícito. Dice que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años “el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio” y de seis meses a dos años “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Agrega que según la Ley 451 del Código de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquel que “omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores, es sancionado con multa de 500 a 3.700 unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación”. Cada unidad fija equivale a medio litro de la nafta de mayor octanaje y su valor continúa hoy en 21,40 pesos. Los turistas o residentes en el territorio porteño que no se realicen el test podrían recibir multas de hasta 790.000 pesos.

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