La Justicia de la provincia de Salta inició una investgación sobre el presunto cobro de dinero por parte del Obispado de la ciudad de Orán al propio Gobierno local para poder alojar a personas retornadas a la provincia en el medio del contexto de la pandemia de coronavirus.
La fiscal penal de Orán, Mónica Araceli Viazzi, inició el análisis del caso en el que el gobierno salteño, a través de su Ministerio de Turismo habría abonado dos pagos de un total de $ 434.700 a las autoridades religiosas de la ciudad para el hospedaje y asistencia a aquellos vecinos que regresaron a la ciudad en medio de la cuarentena.
El caso se destapó en las últimas semanas, cuando el Ministerio de Economía de Salta presentó un informe ante la Legislatura Provincial, donde detallaba todos los pagos y las inversiones relacionadas al control de la pandemia de Covid en la región.
En una de las hojas de los informes se discriminaba la lista de hoteles de la provincia que aparecieron como lugares de alojamiento para aquellos vecinos que regresaban a Salta procedentes de otras partes del país y del Mundo.
Una vez que se analizó la lista, se pudo comprobar que el denominado “Obispado de San Ramón de la Nueva Orán” había recibido dos pagos por parte del Gobierno salteño de $170.100 y de $264.600, respectivamente.
De acuerdo a medios locales, el propio Ministerio de Turismo afirmó que la Central Operativa de Control y Seguimiento de Covid-19 de Salta (COCS) le había pedido garantizar los lugares para personas procedentes de otras regiones.
A su vez, advirtieron que el escaso dinero que ofrecía el gobierno para sostener los alojamientos y el temor a la estigmatización, los propietarios de numerosos hoteles se negaron a recibir viajeros.
En Orán, ubicada a unos 270 km al norte de la capital salteña, sólo aceptaron el trato el Hotel Baritú y el Obispado de Orán, a través de su Casa de Retiros Espirituales Santa María del Zenta, que cuenta con espacio para el alojamiento de 110 personas.
El trato inicial establecido en abril con todos los hoteles consistía en el pago de unos $250 diarios por pasajero, cifra que en junio ascendió a los $450 diarios.
El punto en conflicto y que investiga la fiscal Viazzi es el criterio para elegir el destino de los repatriados y la cantidad de personas que llegó a albergar el Obispado, que recibió más dinero que más del 50% de los hoteles de toda la provincia que figuraban en la misma lista.
Desde la cartera de Turismo se especificó que la designación del destino para los ciudadanos que regresaban era pura y exclusiva responsabilidad de la COCS, con lo cual se intentó descartar cualquier posible favor hacia la entidad religiosa.
Asimismo, desde el área de Desarrollo Humano Integral del Obispado se indicó que ese monto que rondaba los 450 pesos había sido acordado como parte del programa “Volviendo a Casa” y que incluso esa suma de dinero era escasa para abastecer las necesidades de las personas alojadas. Aseguraron que, en un principio, los alojamientos se realizaron de manera gratuita hasta que en junio decidieron acogerse al programa gubernamental.
Desde la entidad religiosa se afirmó que se recibió en su mayoría a estudiantes y que se brindó atención a un total de 635 personas, entre las que se encontraba un contingente de Los Toldos, que permaneció en el albergue casi dos meses hasta que pudieron regresar a sus hogares.
El escándalo se destapó luego de que la Cámara Baja de Salta le pidiera un informe al Gobierno para que se justifique el uso de los 1.600 millones de pesos recibidos por parte del Gobierno nacional para la lucha contra la pandemia.
Durante la pandemia, el obispado de Orán ya fue objeto de otra denuncia. El entonces asesor jurídico del municipio, David Leiva, presentó una reclamo legal por incumplimiento de las medidas sanitarias y por promover una caravana motorizada por la ciudad con la exposición de la imagen de San Ramón Nonato, el patrono de la ciudad, lo que habría provocado aglomeraciones de gente en medio de la pandemia.
* Con información de Télam
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