A partir de la cuarentena total y otras medidas que buscan que no se propague la enfermedad en el territorio nacional, el Gobierno dispuso el cierre de fronteras y la suspensión de conexiones aéreas, terrestres, fluviales y marítimas con el mundo.
La medida dejó varados a miles de argentinos en distintas ciudades del mundo que habían salido del país antes del 20 de marzo y aún no pudieron regresar. Excepcionalmente, el Poder Ejecutivo autorizó vuelos humanitarios desde algunos destinos, pero las operaciones fueron insuficientes para dar respuesta al drama que viven muchas personas, algunas con hijos pequeños y bajo condiciones particulares muy complejas.
En representación de más de 50 personas que están varadas en España, Francia, Tailandia, Estados Unidos, Finlandia y otros países, los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallin presentaron un amparo para que el gobierno nacional garantice en el lapso de un mes el regreso a la Argentina.
Los letrados solicitaron además que el Estado se haga cargo del hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica que tengan estas personas mientras se organizan los traslados al país.
El amparo, interpuesto en el fuero contencioso administrativo federal, pidieron que el Estado difunda reportes precisos con las fechas de los vuelos de repatriación previstos, los nombres de las personas que viajarán en cada conexión e información sobre la asistencia brindada a estas personas durante su estadía en el exterior.
Los matriculados cuestionaron también que los decretos de necesidad y urgencia que impusieron medidas restrictivas aún no fueron analizados por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.
“Que haya que tomar medidas urgentes, no quiere decir que esas medidas no puedan tomarse con el debido debate parlamentario teniendo en cuenta nuestro historial legislativo en el cual se han convocado maratónicas sesiones legislativas para tratar leyes, siendo la última de ellas la de fecha 21 de noviembre del año pasado donde se aprobó la ley de góndolas, ley de alquileres, proyecto para reequipar las fuerzas armadas, etc”, recordaron.
Para descartar la posibilidad de que estas personas propaguen el COVID-19 con su ingreso a la Argentina, en el amparo se estableció un protocolo de actuación de cinco pasos:
1. Llenar un formulario en el aeropuerto de origen para que los pasajeros informen si tuvieron algún síntoma compatibles con el COVID-19
2. Tomarles la temperatura antes de embarcar el vuelo para ver si los mismos tienen fiebre.
3. Exigir en todo momento el uso estricto del barbijo.
4. Someter a los pasajeros a un análisis rápido para conocer si están enfermos.
5. Aislar a los pasajeros por un lapso de 15 días, en un lugar alejado de la población, por ejemplo un hotel.
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