El fiscal Marcelo Romero criticó la liberación masiva de presos: “No hay que ser un experto para pensar soluciones alternativas”

El integrante del Ministerio Público bonaerense aseguró que la decisión de Casación “es un gran disparate”

El fiscal Marcelo Romero
El fiscal Marcelo Romero

El fiscal Marcelo Romero se sumó a las críticas por la liberación masiva de presos con la excusa de la pandemia del coronavirus y aseguró que “no hay que ser un experto para pensar soluciones alternativas”.

En diálogo con radio La Red, el integrante del Ministerio Público Fiscal bonaerense consideró que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal “es un gran dispararte. Como fiscal estoy en contra. No estoy hablando de los pedidos individuales de los abogados defensores que respetan el debido proceso. Estoy hablando de una medida generalizada”.

En ese sentido, dijo que la liberación de presos “no se si impulsada, pero sí fue fogoneada por funcionarios del Ejecutivo, por más que se enoje el Gobernador de la provincia de Buenos Aires”, y aseguró que le sorprende “que a ningún funcionario o a alguno de los genios de ahí en el poder se les haya ocurrido consultar a los médicos o sanitaristas, o armar un hospital de campaña en los patios de las cárceles, usar los instituto de formación de los Servicios Penitenciarios o las unidades militares en desuso. No hay que ser un experto de Naciones Unidas para pensar en soluciones alternativas a una libertad masiva”.

“Me llama la atención que en las ‘negociaciones’ que se produjeron en los motines alguien haya ofrecido libertades. Yo no soy negociador, pero trabajé codo a codo con negociadores del Servicio Penitenciario y de la Policía en motines, y lo último que se puede prometer son armas y libertades. Se puede prometer una pizza, una gaseosa, no sancionarlos. El negociador no lo puede hacer además, la libertad la da exclusivamente el juez y después de un procedimiento”, amplió el fiscal.

Respecto de las motivaciones detrás de la orden de Casación de liberar masivamente a presos, Romero dijo que “hay una cuestión política e ideológica. Es una discusión que no está resuelta. El tema de la cárcel… hay magistrados agnósticos de la pena, que consideran que la cárcel no debería existir, pero nunca escuchamos a esos magistrados decir qué proponen a cambio”. “Vamos a suponer que la cárcel no sirve y que ha demostrado su inutilidad, qué ofrecemos a cambio, qué hacemos con los condenados por delitos graves”, consideró.

En ese aspecto, Romero aclaró que “la prisión preventiva ha sido declarada constitucional una y otra vez por la Corte Suprema”, y aunque aceptó que “no debe ser la regla”, reconoció que “hay una gran mayoría de los detenidos con prisión preventiva, no están condenados”.

Esto no significa que no se pueda otorgar libertades. De hecho a la fiscalía a mi cargo llegan diez pedidos por día de morigeración o excarcelación y no decimos que no porque sí. Se analiza cada caso, se estudia al individuo, se le pide al juez informes médicos, psicológicos, psiquiátricos. Antes recibía uno por día. Ahora todo el mundo pide la libertad”, concluyó.

La entrevista completa:

Marcela Losardo
Marcela Losardo

Esta mañana, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, subrayó que la excarcelación de presos “no es un tema del Poder Ejecutivo” y remarcó que “los jueces tienen que ser muy cautelosos y saber cuáles son las decisiones que toman”. “Los jueces tienen que ser muy cautelosos y saber cuáles son las decisiones que toman. La mayoría viene trabajando muy bien. Si hay un error, se tendrá que explicar y lo tendrá que hacer la Justicia”, sostuvo la funcionaria nacional.

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete ratificó que “no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas” por parte del Gobierno y explicó que “el Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla... no es un tema del Ministerio de Justicia”.

“Entendemos la preocupación de las víctimas y tenemos que aclarar qué es lo que hace y puede hacer el Poder Ejecutivo y qué es lo que hace y puede hacer el Judicial”, añadió. Losardo remarcó que “no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular”, sino que se trata de “una acordada de la Cámara Federal de Casación para considerar medidas alternativas al encierro, en relación con el momento que se está viviendo y medidas recomendadas por la OMS, que también siguieron los demás países”.

Asimismo, la ministra de Justicia y Derechos Humanos contó que están “viendo de habilitar otros lugares de emergencia” para reducir el hacinamiento carcelario sin que se produzcan excarcelaciones.

“De un total de 12.579 detenidos en el sistema federal en 35 unidades, salieron con domiciliaria 320. Salieron por el COVID-19 por estar en riesgo y lo determinó el Poder Judicial. No es cuestión de despegarse o no despegarse, sino de que se entienda el tema: nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales, pero estamos de acuerdo en que hay un grupo de alto riesgo”, concluyó la funcionaria nacional.

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