Tras la polémica, presentarán un amparo para restablecer el protocolo de aborto no punible que anuló el Gobierno

Un abogado pedirá que se declare la inconstitucionalidad de la derogación y que esté vigente la medida del ex secretario de Salud Rubinstein

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GUADALAJARA, JALISCO 28SEPTIEMBRE2019.- Mujeres Feministas tapatías organizaciones encabezaron una protesta, en la que exigieron a las autoridades la legalización del aborto en Jalisco.
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA /CUARTOSCURO.COM
GUADALAJARA, JALISCO 28SEPTIEMBRE2019.- Mujeres Feministas tapatías organizaciones encabezaron una protesta, en la que exigieron a las autoridades la legalización del aborto en Jalisco.
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El debate en el gobierno de Mauricio Macri por la aplicación de una actualización del protocolo para los casos de aborto no punible tendrá una causa judicial. Se trata de un amparo colectivo que un abogado presentará la semana que viene para que se restablezca el protocolo que ayer fue derogado.

Será una presentación a favor de todas las mujeres, adolescentes y niñas en el fuero contencioso administrativo federal -el encargado de analizar los actos de gobierno-, le adelantó a Infobae Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que trabaja en el amparo que presentará el próximo miércoles.

“Vamos a pedir que se declare la inconstitucional e inconvencional la derogación del protocolo y que se restablezca la vigencia del que publicó el secretario de salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, en el Boletín Oficial ya que lo que hizo fue actualizar los métodos para la realización de los abortos que no son penados por la ley, lo que es un derecho para todas las mujeres", explicó Gil Domínguez.

El secretario Rubinstein -que renunció ayer de manera indeclinable al cargo- publicó el miércoles en el Boletín Oficial la resolución 3158 por la cual actualizó actualizó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”. Se trata de un mecanismo que rige desde 2015 tras el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que en 2012 ratificó que en casos de violaciones las mujeres tiene derecho a acceder a un aborto. Para eso, el máximo tribunal les pidió a todos los poderes del estado nacional y de las provincias que sancionen un protocolo para determinar los métodos en los que se harán esos abortos en los hospitales públicos.

Andrés Gil Domínguez
Andrés Gil Domínguez

El Código Penal establece desde 1921 que las mujeres que fueron violadas y quedaron embarazadas no serán sancionadas penalmente en caso de hacerse un aborto. Tampoco las que tengan un embarazo que pongan en riesgo su vida o salud.

La actualización del protocolo incluía los alcances del nuevo Código Civil sobre menores de edad. Por ejemplo, que las chicas de entre 13 y 16 años pueden consentir una práctica de ILE cuando no implique un riesgo grave para su salud o su vida. Y que las menores de 13 podrán dar su consentimiento acompañadas de sus padres o de quien ejerza su cuidado.

Pero tras la actualización, el gobierno de Macri criticó la actuación de Rubinstein y ayer publicó en el Boletín Oficial la derogación de la actualización del protocolo. La decisión llevó la firma de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

“La resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”, sostiene la derogación, entre otros argumentos.

Adolfo Rubinstein (Santiago Saferstein)
Adolfo Rubinstein (Santiago Saferstein)

“Esto es un grave error que deja sin derechos a las mujeres porque acá no discute la despenalización del aborto, sino que el nuevo protocolo especifica más el campo de la salud física, psíquica y social, lo configura al nuevo Código Civil y es muy claro en términos médicos sobre los métodos de aplicación del aborto no punible”, explicó Gil Dominguez.

Gil Dominguéz hará la presentación y contendrá una medida cautelar. Es un pedido para que de manera urgente entre en vigencia la actualización del protocolo mientras se discute el fondo del planteo, es decir la inconstitucionalidad que pedirá el abogado.

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