Así fue la lectura de la carta de los padres de las víctimas del Próvolo
En el inicio del juicio contra dos curas y un jardinero del Instituto Próvolo de Luján de Cuyo acusados por abusar sexualmente de niños hipoacúsicos, los padres de las víctimas pidieron "un fallo ejemplar".
Parados frente a las escalinatas de los tribunales mendocinos, los familiares de los chicos sordos describieron como "histórico" el proceso judicial que se está llevando a cabo debido a que en otras partes del mundo -donde se dieron situaciones similares- solo se hicieron investigaciones dentro de la propia Iglesia.
"Siempre intentaron eliminar la presencia de la justicia ordinaria y llevar el proceso a una investigación interna dentro de la Iglesia, como así también trasladar de un lugar a otro a estos monstruos vestidos con sotana", aseguraron en una carta que fue leída por los padres.

Además, focalizaron su denuncia contra el cura Nicola Corradi (83), quien posee denuncias de este tipo también en Italia, desde hace 50 años: "El caso de Corradi no es un hecho aislado. Comenzó en el Instituto Próvolo de Verona donde abusó sexualmente a niños y niñas. Encubierto por la Iglesia católica fue trasladado, junto con otros curas abusadores, a Buenos Aires al Instituto Próvolo de La Plata y luego a Mendoza, donde volvió a cometer los mismos crímenes".
Y remarcaron que, a pesar de las denuncias realizadas en el país europeo, la Justicia declaró la prescripción de esos "abominables crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes sordos".
También hicieron hincapié en la intervención de las cúpulas eclesiásticas para proteger a los religiosos: "Hemos sido testigos de cómo la Iglesia católica ha sostenido económicamente la defensa de la monja Kumiko Kosaka y cómo esta misma defensa ha intentado menoscabar el accionar de los intérpretes de lengua de señas con la firme intención de deslegitimar denuncias testimoniales de sobrevivientes de este instituto".

Kosaka, de origen japonés, será juzgada en un segundo juicio del mismo caso, junto a la madre superiora Asunción Martínez, la regente, docentes y otros empleados considerados cómplices y partícipes primarios en alguno de los casos de abusos sexuales a los chicos sordos.
"La prisión domiciliaria de Kumiko Kosaca, el pago de 2 millones de pesos para obtener la libertad bajo fianza, la cual fue revocada a las pocas horas por la imputación de nuevos hechos, el costoso gasto de abogados defensores, peritos de parte, conferencias de prensa, páginas web para publicitar a su favor durante el proceso de investigación constituyen la clara muestra de ocultamiento, encubrimiento y burla hacia el sistema judicial y toda la sociedad en general", denunciaron.
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