
Con unas paritarias demoradas y sin avances, el titular del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, apunta a que se reestablezca la obligatoriedad de la propina en la cuenta de los clientes de bares, restaurantes y hoteles como sucede en otros países del mundo.
Este tipo de pagos no siempre fue voluntario en Argentina. Se incorporó por primera vez en 1946, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y fue eliminado con su caída, en 1955. Reapareció en 1973, con el tercer mandato presidencial del coronel, hasta que fue nuevamente suprimido en la última dictadura militar de 1976.
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Barrionuevo quiere presentar su proyecto para restituir la propina obligatoria en el congreso que arrancará el martes que viene su gremio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Utghra), en la ciudad de Mar del Plata.
El jefe gremial esbozó esa alternativa como método para recomponer los salarios del personal gastronómico: la idea del sindicalista es que el laudo sea del 14, 16 o 18% del total de la cuenta; el máximo debería pagarse en los establecimientos de mayor categoría.
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La intención de la Uthgra es que el incremento de los sueldos se acuerde a partir de un básico mínimo para toda la actividad, y que luego se complemente con las propinas fijas que se repartirían según un índice a acordar entre todos los empleados del establecimiento.

Barrionuevo defiende también este mecanismo desde el punto de vista del Estado, ya que podrá traer posibles beneficios de índole fiscal. Es que, para que el mecanismo funcione eficazmente, todas las operaciones del sector deberían estar registradas en la economía formal.
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"El Gobierno podría tener un control estricto de toda la fortuna que se gasta en turismo en Argentina", afirmó el jefe sindical.
Tras contar con el aval del pleno de su sindicato, el líder gastronómico evalúa presentar el reclamo a través de un proyecto de ley a ser sancionado en el Congreso. Mientras tanto, Barrionuevo, uno de los integrantes de la mesa chica de la CGT, mantiene su postura distante con el Gobierno y definió que la convocatoria que hizo a la CGT y otros sectores políticos y sociales para acordar diez puntos de consenso "es para la gilada".
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