La Organización de Naciones Unidas (ONU) le solicitó al Gobierno argentino que se despenalice de manera efectiva la tenencia de drogas para uso personal y pidió una reforma en la ley de drogas para agregar esa norma a una sentencia dictada por la Corte Suprema en 2009.
El organismo internacional realizó esa solicitud en un informe entregado el 27 de enero, el cual fue recibido con buenos ojos por el Gobierno y que se pondrá en debate en las próximas semanas.
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La norma, establecida por la Corte en 2009 y conocida como fallo Arriola, determinó como inconstitucional la pena de prisión por la tenencia de estupefacientes para consumo personal en un caso particular. En aquella oportunidad, se armó toda una controversia, ya que cada tribunal inferior continuó el caso con sus propios criterios y se condujo a un vacío legal.
El informe fue elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y representa a la notificación que la ONU realiza cada año sobre el tráfico y el consumo de drogas.
El debate que propone el Gobierno respecto al tema no apunta a la posibilidad de una legalización completa de del uso para consumo personal, sino que se trataría de una cantidad mínima específica y de un estupefaciente particular. Para eso, será clave determinar cuál será la cantidad mínima necesaria para que sea considerado para uso personal.
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Además, la JIFE también solicitó la creación de un mecanismo de coordinación efectivo para la fiscalización de drogas. Allí se pretende agilizar los procesos de tratamiento de prevención de consumo, apoyo y contención a adictos y represión del narcotráfico.
En tanto, el Estado argentino hizo pública su respuesta ante el informe mediante un comunicado publicado por Cancillería: "La JIFE evalúa positivamente el accionar del actual Gobierno frente a la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico a la vez que lo felicita por su compromiso con los tratados de fiscalización internacional de drogas, su determinación para abordar el problema de las drogas en el país y su labor en la lucha contra el lavado de activos", rezó el texto.
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Según informó el diario La Nación, la intención del gobierno nacional es la de reaccionar con rapidez ante los reclamos de la ONU, con el objetivo de evitar que Argentina quedara como uno de los países que incumplió con los requerimientos del organismo internacional.
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