Polémica en la Ciudad por la implementación del Consejo de la Propiedad Horizontal

El 3 de diciembre de 2015, la Legislatura porteña sancionó en bloque varios proyectos de ley, entre ellos el que lleva el número de ley 5464 de la Ciudad, basado en un proyecto del legislador Fernando Muñoz del Frente para la Victoria. La iniciativa crea el Consejo de la Propiedad Horizontal "con el objeto de resguardar los intereses de la sociedad a través del contralor del ejercicio de la actividad de administración de consorcios y coadyuvar a las relaciones entre los actores sujetos al régimen de la Propiedad Horizontal, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", según reza su artículo 1.

"Una ley que beneficia a unos pocos y perjudica a muchos". Esa es la opinión de Jorge Luis Scampini; presidente de Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina (APARA).

Consultado por Infobae sobre el grado de apoyo que tuvo la ley en la Legislatura, Scampini afirmó: "La ley fue aprobada por el llamativo número de 58 votos a favor y solo 2 abstenciones. Su mentor Fernando Muñoz terminó su mandato e inmediatamente fue nombrado por el Gobierno de la Ciudad como defensor de los derechos de los inquilinos, un organismo recientemente creado".

Respecto a cuáles serán las funciones del organismo, el titular de APARA señaló: "Es un organismo público pero no estatal, sus declamados propósitos entre otros son: generar un espacio de encuentro e intercambio de ideas entre los actores de la propiedad horizontal, actuar como canal institucional en la promoción, defensa y garantía de los derechos e intereses de los sectores que componen las relaciones de la propiedad horizontal; regular la actividad de los sujetos que se dediquen a la administración de los consorcios; asegurar la ética, el decoro, la independencia y dignidad de la actividad de los administradores de consorcios entre otros".

La contadora Cecilia Vega, administradora de consorcios y secretaria de APARA, apuntó que "la composición de este concejo trae profundas controversias". "El mismo de acuerdo al proyecto ya sancionado pero aún sin reglamentar está integrado por un representante por los consorcios y propietarios, 3 por el sindicato SUTERH (encargados de edificios), uno por las asociaciones de inquilinos, uno por un delegado del sindicato de empleados de administraciones de consorcios, uno más por la defensoría del pueblo, uno por el Gobierno de la CABA; la nómina de 11 se completa con representantes de distintas cámaras de la propiedad horizontal y de administradores de inmuebles", explicó.

Según Vega, "el organismo tendrá potestad para cobrarles una matrícula a los administradores y recaudar multas por eventuales incumplimientos; es decir, se transforma en una especie de tribunal inquisidor sobre el comportamiento de los profesionales, sin ser un cuerpo integrado por estos. A esto hay que agregarle que la matrícula de administrador, actualmente gratuita, pasará a tener un costo anual que en forma discrecional fijará este "organismo". Si la operatoria de las empresas administradoras se encarece por el surgimiento de nuevos gravámenes a los ya existentes, es inevitable que el administrador traslade este costo a sus honorarios lo que invariablemente termina encareciendo las expensas", acotó.

Iniciado el año legislativo 2016 y durante las sesiones de asesores del 11 y 16 de mayo, con una presencia bastante escasa (no más de 18), diversos sectores de la actividad pidieron que se derogue la norma aún no reglamentada. Ya con la presencia de legisladores, el 18 de mayo sectores que antes se oponían a la ley mutaron su opinión y abogaron por su continuidad pero realizando reformas. Cabe acotar que el grueso de las cámaras del sector se mantiene firme en su posición contraria a la norma, habiendo incluso en trámite recursos judiciales que solicitan se declare la inconstitucionalidad de la ley.

Pero ¿cuáles son los objetivos ocultos detrás de esta norma? Scampini no dudó en afirmar que "sólo busca generar un negocio millonario, crear cargos remunerados para los titulares de cada banca en el concejo y crear un mercado paralelo al inmobiliario mediante la percepción de una tasa no menor a $2.000 por cada uno de los 6.000 administradores empadronados en el registro de la Ciudad".

La cuestión del rechazo a esta norma llega incluso a la opinión emitida por el ahora ex presidente del Colegio público de Abogados de la Capital Eduardo Awad, quien afirmó al respecto que la ley "es lisa y llanamente un ataque al derecho de propiedad de los consorcistas y de los administradores".

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas no se ha expedido al respecto, a pesar de que la gran cantidad de contadores que ejercen la profesión como administradores matriculados hubieran deseado algún respaldo en su "cruzada" contra esta controvertida norma.

Esta ley afecta la vida y los derechos de unos 4 millones de personas entre propietarios e inquilinos, y presupone un formidable incremento en la cuota de poder que el sindicato del personal que trabaja en edificios de propiedad horizontal tendrá sobre administradores y propietarios.

"Una cosa es que se proteja el derecho de los trabajadores de los edificios y otra muy distinta es que se cree una estructura burocrática que, además de consejeros, necesitará instalaciones edilicias, personal administrativo y presupuesto y que sólo servirá para complicar aún más las de por sí complicadas relaciones de convivencia entre propietarios, encargados y administradores", sostuvo la arquitecta Silvina Luchetti, especialista en mantenimiento edilicio y administradora de propiedades.

El tema de la prosecución o anulación de esta polémica normativa municipal volverá a ocupar la agenda legislativa; desde el Gobierno de la Ciudad no se encontraron voceros dispuestos a dar la cara para defender la norma. A todas luces parece confusa y la aún no expuesta reglamentación anula la posibilidad de efectuar mayores análisis. Pero una cosa es cierta, más regulación, más control, más carga impositiva y tarifaria en los recalentados bolsillos porteños, lejos de significar mejor calidad de vida, parecen –por ahora– solo contribuir a subir en unos cuantos grados el "hervor" del humor social, que estaría indicando que por ahora ya es suficiente.