Choque por impuestos en Colombia: gremios dicen que decretos del Gobierno pasan por encima del Congreso

Las decisiones fiscales del Gobierno nacional encendieron el debate entre economistas, gremios empresariales y exfuncionarios del sector tributario. Un nuevo paquete de decretos, emitido en medio de la emergencia provocada por la temporada invernal, introdujo cambios en el esquema de impuestos y creó algunas cargas adicionales con el objetivo de financiar la atención de los territorios afectados por las lluvias.

Las medidas llegan en un momento sensible, la declaratoria de emergencia está cerca de finalizar y varios departamentos del país siguen enfrentando inundaciones, daños en infraestructura y pérdidas económicas. Bajo ese contexto, el Ejecutivo decidió recurrir nuevamente a instrumentos extraordinarios para movilizar recursos.

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Aunque el Gobierno sostiene que las decisiones buscan responder con rapidez a la crisis, la reacción de distintos sectores no se hizo esperar. Varios líderes gremiales y expertos tributarios advirtieron que el uso de decretos para introducir modificaciones fiscales podría generar efectos institucionales y económicos que van más allá de la coyuntura actual.

Una de las críticas más visibles provino de María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia. Para la dirigente, el decreto 0240 de 2026, uno de los documentos que define las nuevas medidas tributarias, representa un precedente delicado para el funcionamiento institucional del país. Según explicó, el mecanismo utilizado por el Gobierno abre la puerta a decisiones que deberían tramitarse a través del Congreso.

En su análisis, Lacouture señaló que “el decreto 0240 de 2026, que es el que define los nuevos impuestos, convierte la excepcionalidad en atajo: revive y amplía cargas tributarias, y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria”. Para la dirigente gremial, este tipo de decisiones desdibuja la naturaleza de los estados de excepción.

Además, la líder empresarial consideró que la norma mezcla diferentes iniciativas que ya habían sido discutidas previamente en otros escenarios. “Además, mezcla de todo un poco: recicla decretos frenados por la Corte, retoma ideas ya intentadas en el Congreso y empuja cambios estructurales en temas propios del legislador. Si la excepción ya sirve para todo, entonces dejó de ser excepción“, indicó.

Las preocupaciones también se enfocan en el impacto económico que podrían tener estas medidas. Desde el sector empresarial existe el temor de que nuevas cargas tributarias terminen afectando la actividad productiva en un momento en el que varios sectores aún se recuperan de la desaceleración económica reciente.

En esa línea, Lacouture advirtió que el enfoque del Gobierno prioriza aumentar la presión tributaria en lugar de revisar el gasto público. Según explicó, cuando se incrementan los impuestos al sector productivo, los efectos terminan trasladándose a la economía en general. “Menos dinamismo y más incertidumbre para las familias”, precisó.

Otro de los cuestionamientos provino de Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El exfuncionario señaló que algunas de las medidas incluidas en los decretos ya habían sido objeto de controversia jurídica en el pasado. De acuerdo con Junco, el Gobierno estaría retomando iniciativas que previamente fueron suspendidas por decisiones judiciales. En su opinión, con este nuevo paquete de normas “el Gobierno acaba de ‘resucitar’ impuestos que la Corte Constitucional suspendió“.

Desde el sector industrial también surgieron críticas. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), expresó preocupación por el contexto político en el que se adoptan estas decisiones fiscales. Según su visión, el Ejecutivo busca aumentar el recaudo en un momento particularmente sensible para el país.

Mac Master cuestionó el impacto de las medidas sobre los hogares y las empresas. Afirmó que el Gobierno “no oculta su desespero por recaudar más recursos en época electoral”. En su análisis, las nuevas cargas tributarias terminarían trasladando el costo de las decisiones fiscales directamente a la economía doméstica.

El dirigente empresarial también coincidió con otras voces críticas al señalar que algunas disposiciones se asemejan a medidas adoptadas anteriormente durante la emergencia económica declarada en diciembre de 2025. Según recordó, varias de esas iniciativas fueron suspendidas posteriormente por la Corte Constitucional.

Para Mac Master, el problema central radica en el procedimiento utilizado para implementar los cambios. En su opinión, las medidas “reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el gobierno en la emergencia económica de diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte Constitucional al pretender suplantar al Congreso en su rechazo del proyecto de ley financiamiento”.

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