Sin plazo para la verdad: salud mental y reparación tras la violencia sexual infantil

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no entiende de plazos. Deja huellas profundas en la salud mental: ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, aislamiento, alteraciones del sueño, conductas autolesivas y, en casos extremos, suicidio. Es un daño continuo que no termina con el hecho, sino que acompaña a la víctima toda la vida.

Aun así, el Código Penal sigue midiendo este delito con el reloj judicial. El trauma puede tardar décadas en salir a la luz. Estudios de la Comisión Real de Australia y Child USA muestran que, en promedio, las víctimas tardan entre 24 y más de 50 años en hablar. En Argentina, el 87% de los delitos sexuales no se denuncian.

Cuando finalmente se intenta denunciar, la prescripción suele cerrar la puerta. Esto ha significado la absolución o el sobreseimiento de agresores, dejando a miles de pederastas libres. Garantizar que la justicia actúe cuando la víctima esté lista para hablar es una cuestión de salud pública y de derechos humanos.

Existen excepciones: la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declaró inconstitucional el artículo 63 del Código Penal y resolvió que el plazo debía contarse desde la denuncia. Son fallos valiosos, pero aislados.

La Constitución Nacional, en su artículo 36, declara imprescriptibles los hechos de corrupción contra el Estado, por considerarlos delitos contra la democracia. Si así se protege a la democracia frente a la corrupción, ¿cómo justificar que la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes —un ataque directo a la integridad, la dignidad y el futuro del individuo y de la sociedad— no reciba el mismo tratamiento? Esto es una deuda pendiente de la democracia.

A nivel global, según UNICEF, 1 de cada 8 mujeres fue víctima de violencia sexual antes de los 18 años; 1 de cada 5 si se incluyen formas sin contacto físico, como el abuso verbal o en línea. En los varones, 1 de cada 11 sufrió agresiones sexuales durante la infancia.

Las palabras importan y hacen mundos. Por eso, en el proyecto de ley “Sin plazo para la verdad”, impulsado por Aralma y acompañado por legisladores de distintas bancadas, proponemos dos cambios esenciales: que estos delitos no prescriban jamás y que se modifique su denominación. No es “abuso sexual infantil”: “abuso” significa el mal uso de un objeto, y aquí hablamos de niños y niñas; de infantil no tiene nada: es violencia sexual contra la infancia.

Lo que no se nombra con precisión, no se comprende; y lo que no se comprende, se invisibiliza, se encubre, no se legisla, no se investiga y no se repara.

La prevención empieza antes de la denuncia. Requiere capacitación y formación para todos los organismos, educadores, organizaciones de la sociedad civil y profesionales que trabajan con infancia. Y, aun cuando llegamos tarde, debemos estar preparados para actuar con ética y garantizar contención y reparación.

La inscripción de más de 500 personas en un reciente webinario de presentación de un protocolo de escucha del relato espontáneo que realizamos muestra la necesidad urgente de contar con herramientas prácticas y espacios sólidos de formación y de recuperación, además de reformas legales, para enfrentar una de las problemáticas más graves e históricas que afectan la salud integral de la infancia y de la sociedad.

Aunque no contamos con un estudio equivalente para Argentina, la experiencia internacional permite dimensionar la magnitud económica de esta violencia.

En España, por ejemplo, un informe de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas estimó que el costo anual de la violencia sexual hacia la infancia supera los 4.500 millones de euros, el 0,31% del PIB. Este cálculo incluye gastos directos e indirectos en salud, justicia, educación y pérdida de productividad, y deja en claro que el impacto no es solo humano, sino también económico y social, afectando a toda la comunidad.

El anuncio del ministro de reformar el Código Penal es un paso importante y necesario, en esta temática. Pero no podemos seguir esperando. Tal vez sea el momento de debatir de inmediato los proyectos de ley presentados en ambas Cámaras y sancionar una norma integral que reúna lo mejor de cada propuesta, para proteger más y mejor a la infancia.

Que el reloj deje de ser un obstáculo para las víctimas y un alivio para los perpetradores; que el tiempo juegue en contra de quienes cometieron el delito, no de quienes lo padecimos. La infancia no puede esperar.

* Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy y La niña del campanario.