Tras dictar la resolución que obliga a 1.400.000 afiliados a obras sociales a que empiecen a aportar y depender directamente de la empresa de medicina prepaga que les presta servicio, el ministro de Salud, Mario Lugones, se expresó sobre la medida y dijo que viene a terminar con un “negocio histórico”.
En sus redes sociales, el funcionario señaló que la eliminación de la triangulación en el sistema significa que se terminan los costos adicionales que “solo existieron para que quienes no ofrecían ningún servicio de salud, se queden con una parte de los aportes y contribuciones de la gente”.
“Este sistema funcionó insólitamente de manera legal los últimos 30 años en el país. A partir de ahora, el afiliado deja de pagar el costo de la intermediación. Estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos por mes. Unos 360 millones de dólares al año", remarcó Lugones en su cuenta de Twitter.
Y agregó: “Todo esto durante 30 años. Resulta imposible dimensionar la cantidad de dinero que le sacaron al afiliado y al sistema de salud durante todo este tiempo”.
En este sentido, el funcionario ratificó su misión de terminar con la antigua manera de gestionar el área de salud y subrayó que seguirá trabajando para “terminar con los privilegios”.
“Esta decisión, que es la última de una serie de medidas que tomamos, transparenta el sistema y le genera un ahorro real al beneficiario. Además, y producto de esta decisión, estamos convencidos que verá una disminución en el valor de la cuota de su prepaga en los próximos meses”.
El sistema de salud se financia con un aporte del salario de los trabajadores (3%) y de las empresas empleadoras (6%). Cada trabajador puede optar por derivar esos fondos a una obra social o a una prepaga a cambio de una cobertura médica.
Hasta ahora, el trabajador en relación de dependencia que optaba por una empresa de medicina privada estaba obligado a derivar una fracción de sus aportes a una obra social que actuaba como intermediaria y se quedaba con una comisión de entre el tres y el diez por ciento.
Con la nueva resolución se termina ese negocio, que según fuentes oficiales había permitido la creación de 20 sellos de goma que simplemente se constituían para quedarse con el dinero de la intermediación.
Los trabajadores que no quieran que sus aportes sean derivados automáticamente a la prepaga que les presta servicio tendrán 60 días para formalizar su decisión. La obra social elegida tendrá la obligación de hacerse cargo de la cobertura de salud, pero no podrán girar dinero a una prepaga como lo hacen actualmente.
La nueva disposición acelera un mecanismo que ya se encontraba vigente desde febrero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo habilitó un trámite en la web de ARCA para eliminar la intermediación de las obras sociales; sin embargo, fueron muy pocos contribuyentes los que ejecutaron la opción.
La nueva disposición (1/25) está anclada en una resolución que entró en vigencia el 1° de diciembre pasado. Determina que todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente con fondos provenientes de la seguridad social, deberán estar inscriptas en el Registro.
Las obras sociales involucradas
Desde la SSS, a cargo del superintendente Gabriel Oriolo y el gerente general Claudio Stivelman detallaron algunas de las obras sociales con actividad mínima o irregular en relación con la cantidad de afiliados registrados:
- OSCNA (Comisarios Navales): Cuatro empleados activos con 161.000 afiliados.
- OSSDEB (Serenos de Buques): Ocho trabajadores para 60.000 afiliados.
- OSTVLA (Técnicos de Vuelo): 16 empleados para 81.976 afiliados.
- OSCEAR (Empresarios de Remises): Ingresos mensuales de 5.500 millones de pesos con 63 empleados.
- La Obra Social de Árbitros Deportivos de la República Argentina (OSADRA), recauda $1.200 millones por mes y tiene 7 empleados.
- La Obra Social de Técnicos de Vuelo (OSTVLA) tiene 16 empleados para 81.976 afiliados.
- La Obra Social Capataces Estibadores Portuarios (OSCEP) tiene 14 empleados para 71.897 afiliados.
- OSCOMM, la Obra Social de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante Capitanes de Ultramar recibe $3.650 millones mensuales y tiene 35 empleados.
Desde el Ministerio de Salud precisan que cinco empresas de salud eran las que más reciben afiliados que triangulan con “obras sociales fantasma”.
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