
El Gobierno Nacional oficializó este miércoles el plan para la vacunación contra el COVID-19. La campaña comenzó ayer con la aplicación de las primeras de las 300 mil dosis de la Sputnik V que llegaron al país el 25 de diciembre.
La primera jornada en la que comenzó a aplicarse en todo el país, y de manera simultánea, la vacuna rusa contra el coronavirus, en la Argentina se registró el número más alto de contagios desde el 13 de noviembre. El Ministerio de Salud notificó 11.650 nuevos infectados y 151 víctimas fatales.
En este contexto el Poder Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial el “Plan Estratégico para la Vacunación Contra la COVID-19″ que tiene como objetivo “disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-económico causados por la pandemia de coronavirus en Argentina, a partir de la vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas”.
A través de la Resolución 2883/2020 se explicó que la estrategia del Plan está a cargo de la cartera de Salud e incluye la participación de las 24 jurisdicciones. En ese sentido se hizo hincapié en que para “alcanzar el objetivo de lograr altas coberturas de vacunación en tiempo oportuno”, se requiere de “acciones articuladas, colaborativas y multisectoriales en todos los niveles de gobierno, junto con las organizaciones sociales”. Por ello, es el Ministerio que conduce Ginés González García el encargado de proveer al resto de las provincias las vacunas que se encuentren autorizadas, como así también las jeringas, agujas, descartadores y carnets de vacunación.
De acuerdo a la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), la vacunación será escalonada, teniendo en cuenta la disponibilidad del insumo, y “considerando población priorizada a los adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo”. Si bien se aclaró que “no será de aplicación obligatoria”, otras poblaciones podrán ser incluidas posteriormente en la estrategia de acuerdo a la “evaluación de riesgo y a la disponibilidad” de las vacunas.
Tras detectarse en la Argentina el primer caso de COVID-19 el pasado 3 de marzo, actualmente en el país ya son más de un millón y medio los infectados. Según especificó el Gobierno, “la mayor cantidad de casos confirmados en el grupo etario entre 20 y 49 años, siendo entre los 30-39 años el grupo que registró la mayor tasa de incidencia específica por edad (5.472/100.000 habitantes)”. Además remarcó que el mayor riesgo de hospitalización, complicación o muerte por coronavirus, se da en los mayores de 60 años y en personas con patologías preexistentes como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, respiratorias y renales crónicas.

Por otra parte, los trabajadores de la salud, “sector estratégico para sostener adecuadamente el funcionamiento y la respuesta del sistema sanitario”, han representado una proporción significativa de las infecciones producto de su exposición al virus. De hecho, se registraron 63.837 casos acumulados en este grupo, representando un porcentaje del 4,3 % sobre el total del país, precisó el Ministerio de Salud.
El plan para la vacunación especificó que será voluntaria, gratuita “equitativa e igualitaria”, y deberá garantizarse a toda la población objetivo mencionada anteriormente, “independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad”.
A través del Programa Redes de Salud, la cartera sanitaria efectuará transferencias a las provincias para destinar a la implementación de la campaña de vacunación. En la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se hizo mención a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aplicación de la vacuna “como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y económicas devenidas de la pandemia”.
“La campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros ciudadanos”, indicó el Gobierno.
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