
El ministerio de Salud de la provincia presentó hoy el primer informe de gestión sobre la estrategia de implementación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en territorio bonaerense. Se realizó de forma virtual con trabajadoras y trabajadores de Salud de todas las regiones sanitarias bonaerenses. En el marco del día de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, el Ministerio de Salud continúa fortaleciendo el acceso a servicios de ILE de calidad.
Es la primera vez que la provincia construye información a través de un sistema de registros con datos sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo. Cuenta con información sobre el uso de misoprostol, la cantidad de prácticas, y efectores de salud que la realizan. Es un trabajo conjunto para la construcción de políticas públicas que garanticen el acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva.
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El relevamiento de la cartera sanitaria bonaerense registró 5.028 interrupciones legales entre enero y junio del año 2020. El informe reveló además que el 80 por ciento de los hospitales provinciales realizan interrupciones legales y seguras. Asimismo, aportó que 87 nuevos establecimientos de salud se sumaron a realizar interrupciones legales del embarazo. Se invirtieron hasta la fecha 39 millones de pesos en 16 mil tratamientos para interrupciones seguras. Un hecho histórico en el que por primera vez el Gobierno bonaerense compro misoprostol para garantizar la ILE. El medicamento fue adquirido a un laboratorio de producción pública.
El informe lo presentó la directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, junto con la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Carlota Ramírez, a modo de balance de los primeros seis meses de trabajo para garantizar el derecho al acceso a la Interrupción legal del Embarazo. Por primera vez, se implementó un sistema de registro con datos sobre ILE que permite avanzar en políticas públicas sanitarias en base a información provista por los efectores de salud bonaerenses.
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Este trabajo se da en el marco de la adhesión en enero pasado al “Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires por medio de la Resolución conjunta Nº 1/2020, junto con el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual.
“Es un día muy importante para compartir este proceso de trabajo conjunto y colectivo desencadenado que permite una gestión acorde a las necesidades de las bonaerenses. Es un trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio junto con todos los equipos de salud de gestión y atención. No hay un sistema sanitario que pueda generar salud sin un trabajo en red junto con las organizaciones sociales”, reflexionó la directora provincial Balaña.
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Por su parte, la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Carlota Ramírez, puso en valor el trabajo y recorrido que vienen haciendo los equipos de salud: “recuperamos la historia de los equipos de salud de la Provincia y generamos condiciones de posibilidad y mecanismos de registro para poder mostrar el inmenso trabajo que se realiza en los territorios para transformar la realidad de las mujeres”. Y dijo que: “Compartimos esta información porque la Interrupción Legal del Embarazo es una política pública priorizado en la provincia y nos llena de profundo orgullo”.
Datos del informe: “Estrategia de implementación de la interrupción legal del embarazo en la Provincia de Buenos Aires”
Del total de interrupciones legales de embarazo registradas, el 57% se realizaron en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS); mientras que el 40% en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales.
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Otro dato relevante es la edad gestacional que cursan las personas que solicitaron la práctica de ILE, tanto referida a la primera consulta como al momento de la resolución. El 88% de las personas llegan a la primera consulta durante el primer trimestre de embarazo.
Si bien la variable sobre “edad gestacional en el momento de la resolución” presenta casi un 40% sin dato, podemos señalar como hipótesis provisoria que la mayoría de los casos de primer trimestre se resuelven en el curso del mismo trimestre. Sin embargo, aún hay personas que consultan en el primer trimestre y la resolución llega en el segundo trimestre de gestación. Esta hipótesis provisoria orienta la importancia de fortalecer, por un lado, el trabajo comunitario que promueva el acceso temprano a la consulta por parte de la persona en situación de ILE, por otro, el trabajo con los equipos de salud para la reducción del tiempo entre la primera consulta y su resolución.
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En el primer nivel de atención el 92% de las consultas corresponden a edades gestacionales del primer trimestre, este porcentaje es de 74% cuando se analizó el segundo nivel (porcentaje que aumenta en hospitales municipales). Esto indica que gran parte de las consultas que podrían resolverse en el primer nivel de atención ingresan directamente al segundo nivel. Esto permite problematizar sobre la fragmentación del sistema, que los hospitales siguen funcionando en varios casos como puerta de entrada al sistema de salud y que aún falta ampliar y fortalecer la red de acceso a ILE en los efectores del primer nivel de atención.
Si se hace un análisis por edad se observa que casi el 56% de las personas registradas corresponden al rango etario de 19 a 28 años. El 8% corresponden a menores de 19 años (12 niñas entre 9 a 13 años y 236 adolescentes entre 14 y 18 años).
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En relación al análisis de los tipos de causales tenemos 26% de las prácticas sin datos, lo que indica nuevamente la importancia de continuar trabajando en el proceso de construcción de información. De los 3.715 casos válidos el 97% corresponde a causal salud integral y un 3% corresponden a violaciones, no registrando ningún caso el causal riesgo a la vida de la persona gestante.
En abril y mayo del corriente año las demandas de ILE a nivel provincial superaron las 500 secuencias mensuales. La duplicación de casos en el primer semestre de este año corresponde entre otros motivos con el ASPO (Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio)y la imposibilidad de las colectivas feministas que acompañan abortos de circular sin restricciones por el territorio, pero también con una política del estado provincial activa en materia de acceso a ILE que promovió los llamados para poder acompañar las consultas de ILE que no encontraban resolución cercana. Este aumento significó pasar de un promedio de 8 secuencias diarias en el trimestre de enero a marzo, a un promedio de 17 en el trimestre de abril a junio.
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Este se encuentra en desarrollo un Registro de seguimiento y resolución de las secuencias de ILEs, porque no se considera resuelta la secuencia con la sola derivación a un servicio. Este proceso de construcción de información tiene por objetivo conocer cómo, dónde y cuándo se realizó la ILE.
Como reflexión final, esta estrategia de implementación de interrupción legal del embarazo se inscribe en una política equitativa de cuidados no binaria ni ci heteronormativa, en donde la educación sexual, la disponibilidad de métodos anticonceptivos, la anticoncepción post-evento obstétrico, la prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, la salud menstrual y la inclusión de los varones forman parte del abordaje integral de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva.
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