
Las principales entidades agropecuarias y cámaras de la industria frigorífica manifestaron un contundente respaldo al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y reclamaron al Gobierno nacional que desista de avanzar con modificaciones en su esquema de financiamiento. La reacción se produjo tras conocerse el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que propone cambios en el sistema de aportes que sostiene al organismo.
En un documento conjunto, las instituciones que integran el Consejo de Representantes del IPCVA sostuvieron que el Instituto constituye una herramienta estratégica para toda la cadena cárnica y remarcaron que, desde su creación por la Ley 25.507, “ha demostrado ser un instrumento eficaz para llevar a cabo estudios técnicos, generar información estratégica y promover la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el internacional”.
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Las entidades destacaron además que el IPCVA reúne la representación más amplia del sector, con la participación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO y las principales cámaras frigoríficas y exportadoras del país. A ello se suma la participación del Estado nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y un amplio Consejo Asesor integrado por instituciones técnicas, asociaciones de productores y organismos públicos. El comunicado recordó que el Instituto se financia exclusivamente con aportes privados realizados por productores ganaderos y frigoríficos, conforme lo establece la Ley 25.507.

Actualmente, los productores contribuyen con el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que la industria aporta el 0,03%, mecanismo que permite sostener las acciones de promoción, investigación y apertura de mercados sin depender de recursos del Estado.
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En ese sentido, las entidades advirtieron que mantener el esquema obligatorio resulta indispensable para garantizar el funcionamiento del organismo y señalaron que este modelo se replica en los principales países productores de carne vacuna. “Es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA”, afirmaron, al tiempo que recordaron que institutos similares funcionan en Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, en muchos casos con presupuestos superiores y complementados con fondos públicos.
El documento fue especialmente crítico con la posibilidad de reemplazar el sistema vigente por aportes voluntarios. Según expresaron las entidades, “las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, al considerar que ese mecanismo pondría en riesgo la sustentabilidad económica y la continuidad de las actividades que desarrolla el Instituto desde hace más de dos décadas.
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Asimismo, los firmantes resaltaron el carácter federal, plural y democrático del organismo, recordando que la presidencia y la vicepresidencia han sido ejercidas de manera rotativa por representantes de las distintas entidades que integran el Consejo. Para el sector, ese funcionamiento consensuado constituye uno de los pilares de la legitimidad institucional alcanzada por el IPCVA.
Finalmente, las organizaciones rechazaron “cualquier intento de alteraciones de las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA” y sostuvieron que debilitar al Instituto implicaría afectar una herramienta clave para la apertura de mercados, el sostenimiento de relaciones sanitarias internacionales, el aporte de recursos al SENASA y el posicionamiento de la marca “Carne Argentina” como un producto premium en el mundo. “Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de todo el sector”, concluyeron.
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