Denuncian bloqueos en puertos y advierten por millonarias pérdidas en exportaciones

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció que un grupo reducido de transportistas autoconvocados mantiene bloqueos en accesos clave, afectando el funcionamiento de la cadena agroexportadora. Según la entidad, se trata de “un ataque a la economía nacional” que compromete el normal flujo de mercaderías hacia los principales puertos del país.

El conflicto se inició el 7 de abril, cuando transportistas de granos —principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba— llevaron adelante un paro con bloqueos en reclamo de una actualización de la tarifa de referencia. La medida surgió como respuesta al aumento del combustible vinculado al conflicto internacional en Medio Oriente, aunque el ajuste tarifario fue acordado pocos días después por las cámaras más representativas del sector.

Pese a ello, la situación se extendió por más de dos semanas, generando un fuerte impacto logístico. Desde la Cámara señalaron que “el estrangulamiento del flujo logístico de un minúsculo grupo de autoconvocados provocó que las terminales quedaran sin mercadería”, mientras que más de 30 buques permanecieron en espera de carga en los puertos de Bahía Blanca y Quequén.

Como consecuencia, entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos quedaron retenidas, con un impacto económico significativo. La entidad estimó que “al menos USD 450 millones —con sus correspondientes impuestos— no ingresaron al país en esos días”, lo que afecta a toda la cadena, desde productores hasta exportadores, e incluso a los propios transportistas.

Entre el 15 y el 17 de abril, la mayoría de las cámaras del país alcanzó acuerdos para actualizar las tarifas de referencia. En Bahía Blanca, los transportistas autoconvocados levantaron los bloqueos y se inició una normalización progresiva de la operatoria, con intervención de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el conflicto persiste en Puerto Quequén, donde, según la Cámara, continúan “prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas”, incluyendo “amenazas de represalias físicas contra otros camioneros”. Ante este escenario, la entidad reclamó a las autoridades que actúen con urgencia para “restablecer el orden dentro del marco de la ley” y poner fin a medidas que, sostienen, perjudican a toda la economía agroexportadora.