Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Confianza y Desarrollo, solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) por supuestas irregularidades en la administración de fondos y por la prestación inadecuada de servicios de salud a sus afiliados.
De acuerdo con una nota dirigida al superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, la legisladora fundamentó el pedido en lo dispuesto por el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que otorga a la autoridad sanitaria nacional la facultad de intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.
Ocaña sostiene en su presentación que la OSCHOCA arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias en la atención a sus 190 mil afiliados.
“El gremio de Camioneros maneja cifras siderales, lo mismo que su obra social -dice nota dirigida a la SSS-. La realidad es que OSCHOCA debería ser un modelo de prestaciones para la Argentina, sin embargo: obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de “caja chica” que de chica no tienen nada para Hugo Moyano, que distribuye los bienes entre sociedades vinculadas a su esposa Liliana Zulet y que nada tienen que ver con las prestaciones que debería brindar un agente de servicios de salud".
En su presentación, la legisladora documenta denuncias formales previas, iniciadas en el año 2006, y repasa actuaciones judiciales como la causa 18304/2006, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. En ese expediente se investigó el presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas familiarmente al líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y su entorno, principalmente a través de la sociedad IARAI S.A., que gerenciaba la obra social bajo el nombre “Conducir Salud”.
Según Ocaña, el balance de IARAI del 31 de agosto de 2005 mostró una pérdida de $223.640,48, atribuible a baja facturación. Al año siguiente, tras comenzar a gestionar la obra social, la ganancia reportada ascendió a $2.000.660,31 con una facturación que pasó a $22.787.897,45. El informe describe una suba equivalente a 373 veces respecto del período previo.
Ocaña añade que en 2013 la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y diversas firmas, incluyendo IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., controladas por allegados a Moyano. La UIF vinculó esas operaciones a la supuesta sustracción de más de $570 millones.
En una ampliación de denuncia presentada en 2018, la diputada porteña menciona la utilización repetida del mecanismo por el cual OSCHOCA funcionaba, según los documentos citados, como prestamista y proveedora de créditos hacia firmas del mismo grupo familiar, mientras la situación económico-financiera de la obra social mostraba deterioro. Subraya un capital de trabajo negativo, baja liquidez e índices patrimoniales debajo de los valores aceptados para el sector.
El texto señala que los subsidios del sistema de salud que recibía OSCHOCA aumentaron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016. Pese a la mayor asistencia estatal, la situación financiera no habría mejorado. En abril de 2026, remite a una crónica del diario La Nación sobre transferencias por $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, desde cuentas del sindicato y la obra social en el Banco Provincia. Ocaña cita también que la deuda de OSCHOCA en las seccionales del interior, a febrero de 2026, sería de $32.400 millones, y podría llegar a $60.000 millones computando la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mitad de los afiliados.
Entre los indicadores presentados con datos de balances entre 2017 y 2022, la obra social registra cifras negativas en capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo. Por ejemplo, el balance último menciona un patrimonio neto negativo de -$7.284.162 y resultado operativo de -$8.778.715, además de endeudamiento y baja liquidez. Durante ese período, la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.
La legisladora contextualiza su reclamo invocando la normativa que obliga a las obras sociales a destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud y a gestionar los fondos bajo supervisión del Estado nacional y organismos de control financiero y contable. Según la presentación, el incumplimiento reiterado de estos preceptos justifica la intervención estatal.
Ocaña concluye que existen tanto fundamentos fácticos como jurídicos que obligan a la Superintendencia de Servicios de Salud a actuar respecto de OSCHOCA ante “la falta de administración adecuada de recursos y la persistencia de deficiencias en la atención sanitaria”.
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