El régimen iraní ahorcó este lunes a dos ciudadanos vinculados al grupo Mujahedin del Pueblo (MEK), organización opositora prohibida en el país, tras ser condenados por presunto espionaje al servicio de Israel. La justicia de los ayatollahs reafirmó que no contemplan indulgencia ante actos que consideren amenazas a la seguridad nacional.
La ejecución, realizada en la prisión de Karaj, involucró a Mohammad Masoom Shahi, de 38 años, y Hamed Validi, de 45. Ambos hombres, identificados por su militancia en el MEK, enfrentaron cargos de “moharebeh” —término jurídico islámico que implica enemistad u hostilidad contra Dios— y de colaboración con entidades consideradas enemigas, en este caso, la inteligencia israelí.
Desde el inicio del año, el régimen iraní ha incrementado la aplicación de la pena capital en el contexto de una mayor conflictividad regional y represión interna. Según datos de organizaciones humanitarias con base fuera del país, al menos 15 opositores han sido ejecutados desde mediados de marzo, mientras que el número total de ejecuciones en 2025 superó los 1.600 casos, la cifra más elevada en más de tres décadas.
El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, subrayó tras los ahorcamientos que se adoptará una “política de máxima severidad” frente a cualquier acto de colaboración o contacto con lo que el régimen define como “enemigos”.
“Las actividades de espionaje, asesinatos, difusión de propaganda o envío de información a potencias hostiles serán castigadas sin concesiones”, declaró Ejei al reiterar la línea dura del aparato judicial.
Opositores denuncian torturas y procesos arbitrarios
La detención de Shahi y Validi se produjo en mayo de 2025. Según el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, brazo político del MEK, los acusados fueron sometidos a interrogatorios violentos y se les negó el acceso a garantías procesales básicas.
“Estas sentencias son el resultado de confesiones obtenidas bajo coacción y carecen de fundamento jurídico legítimo”, afirmó Maryam Rajavi, presidenta electa del consejo.
Por su parte, la justicia iraní sostiene que las investigaciones demostraron contactos directos con el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, y la transmisión de información considerada sensible para la seguridad nacional.
El caso se suma a otros recientes en los que el régimen ejecutó a personas acusadas de espionaje o de participar en protestas. En marzo, un ciudadano iraní-sueco fue ejecutado, también bajo cargos de colaborar con Israel, lo que generó condena de gobiernos europeos y organizaciones de derechos humanos.
Las cifras más recientes muestran que Irán es el segundo país del mundo en aplicación de la pena de muerte, sólo superado por China. En el último año, se registró el mayor número de ejecuciones desde 1989, con un repunte que coincide con las protestas y los enfrentamientos armados en la región.
Diversas organizaciones defienden que la política de ejecuciones busca disuadir la disidencia y reforzar el control social, especialmente en contextos de crisis.
Mahmood Amiry Moghaddam, director de Iran Human Rights, advirtió: “Estas acciones constituyen una estrategia deliberada para infundir temor y sofocar cualquier intento de oposición”.
Mientras tanto, los llamados internacionales para que Irán detenga la aplicación de la pena capital y libere a los presos políticos han aumentado, en particular ante la expectativa de nuevas negociaciones diplomáticas entre Teherán y Washington.
Los activistas demandan que cualquier avance en ese diálogo incluya la exigencia de frenar las ejecuciones y garantizar juicios justos para los detenidos por motivos políticos.
(Con información de AFP)
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