La Sociedad Rural de Rosario advirtió que “desde hace dos años solicita reuniones con los ministerios de Producción y Seguridad de Santa Fe sin obtener respuestas”, y reiteró su pedido de mantener una reunión “entre las partes involucradas para encontrar soluciones claras, eficaces y concretas”.
En ese contexto, denunciaron que hay una “desarticulación de mecanismos de control y una ausencia de propuestas para el ámbito rural” lo que ha derivado en “un aumento de los delitos en los campos”.
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Los ruralistas aseguraron que “se desmanteló OJO y su vínculo con las entidades agropecuarias, herramienta clave para combatir el delito rural”.
OJO es la Central de Información Criminal Operativa, que recolecta, sistematiza y analiza datos delictivos en tiempo real para planificar el despliegue policial, optimizar recursos y tomar decisiones de seguridad basadas en inteligencia, que fue inaugurada en 2017 cuando el actual gobernador de Santa Fe era el ministro de Seguridad de la provincia, y funciona con personal policial y civil.
Los productores santafesinos puntualizan que el sistema de monitoreo y coordinación fue “útil para prevenir hechos de abigeato, robos de maquinaria y hurtos de granos”. Alertan, además, que la última reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad provincial “se centró exclusivamente en la seguridad urbana, sin propuestas concretas para el campo”.
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La entidad presidida por Tomás Layus fue contundente al describir el escenario: “falta de controles y una creciente vulnerabilidad de productores y trabajadores rurales”.
El sector productivo insiste en que la inseguridad rural requiere acciones específicas: justicia efectiva, investigaciones, más patrullajes, reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad y una agenda de trabajo formal entre el Estado y las entidades agropecuarias.
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