El mismo, proponía impedir que personas condenadas por delitos de corrupción, entre otros, pudieran ser candidatos a cargos electivos.
“La política -aseguraron en un comunicado conjunto- debe estar al servicio de la sociedad y regirse por principios éticos inquebrantables”.
Agregaron que “el acceso a cargos públicos no puede ser un refugio para quienes han sido condenados por actos que atentan contra el interés común, la transparencia o el buen uso de los recursos públicos”.
El rechazo de esta iniciativa “debilita la confianza en las instituciones y erosiona los valores democráticos que deben sostener nuestra convivencia”, subraya la Mesa de Enlace.
Desde el sector agropecuario “creemos firmemente en la necesidad de reglas claras, justicia independiente y liderazgo con ejemplaridad”, puntualiza el comunicado.
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