Justicia de República Dominicana promulga ley que prioriza la tramitación electrónica

El Poder Ejecutivo de República Dominicana promulgó la Ley núm. 87-26, que modifica la normativa sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial y prioriza la tramitación electrónica sin eliminar el acceso presencial. La reforma busca optimizar el servicio judicial digital, reforzar su eficiencia y ampliar el acceso a la justicia de forma más ágil, transparente y segura.

La legislación incorpora el artículo 12.1 a la Ley núm. 339-22 y actualiza las reglas para las actuaciones judiciales realizadas mediante plataformas digitales. Entrará en vigencia luego de su promulgación y publicación oficial, una vez cumplidos los plazos previstos por la Constitución de la República y el Código Civil dominicano.

El Poder Judicial de República Dominicana informó que el nuevo marco introduce definiciones para conceptos como autenticación, acto jurisdiccional electrónico, buzón judicial digital, expediente electrónico, plataforma digital y servicio judicial. También contempla medidas de protección contra el spoofing (que es una de varias técnicas de suplantación de identidad) y la suplantación de identidad digital en general.

Tramitación digital prioritaria con atención presencial garantizada

Los procesos ante el Poder Judicial tendrán carácter digital prioritario, aunque cualquier persona podrá acudir presencialmente a las sedes de la institución. La norma establece que el entorno virtual no puede convertirse en un obstáculo para la ciudadanía.

Quienes declaren no contar con medios técnicos, conectividad o capacitación tecnológica tendrán derecho a realizar sus trámites de forma presencial. La disposición preserva esa alternativa para evitar que las condiciones de acceso a herramientas digitales limiten la vinculación con el sistema judicial.

La ley también precisa las condiciones para las modalidades presencial, semipresencial y virtual, y prevé mecanismos de contingencia operativa ante casos fortuitos, situaciones de fuerza mayor o estados de excepción.

Firmas electrónicas y registro georreferenciado para diligencias

Jueces, servidores, auxiliares, oficiales de justicia y órganos administrativos podrán utilizar firma digital o electrónica cualificada para suscribir sentencias, resoluciones, autos y actos institucionales. Las decisiones rubricadas bajo ese mecanismo tendrán plena validez jurídica y no requerirán certificaciones adicionales.

El artículo 12.1 crea el sistema digital de georreferenciación ministerial, administrado por el Poder Judicial, para respaldar el trabajo de los alguaciles. La herramienta registrará en tiempo real la fecha, la hora oficial y las coordenadas geoespaciales de cada diligencia procesal, con el fin de asegurar la trazabilidad y certeza de las actuaciones realizadas en campo.

Las audiencias virtuales podrán aplicarse en todas las materias, salvo en el ámbito penal, donde solo estarán permitidas en los casos que la propia ley determine.

Vale destacar que se estableció que el entorno virtual no podrá constituir una barrera para la ciudadanía.

Regulación del uso de la IA a nivel de país

Este mes se anunció que el Código de Ética para la Inteligencia Artifical comenzará a regir en los servicios públicos de República Dominicana tras la aprobación del Decreto 787-26. La norma establece condiciones para el uso de sistemas automatizados por parte del Estado, con reglas sobre controles previos, información a los ciudadanos y límites para determinadas aplicaciones.

La iniciativa sitúa al país a la vanguardia regional en la gobernanza tecnológica centrada en los derechos humanos.