La Policía Nacional arresta a tres hombres en cuatro investigaciones por delitos tecnológicos en República Dominicana

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Área Policía Cibernética, informó sobre el arresto de tres hombres y la identificación de un cuarto implicado, vinculados a cuatro investigaciones separadas por presuntas estafas electrónicas, transferencias ilícitas y otros delitos tecnológicos. El coronel Diego Pesqueira, vocero de la corporación policial, detalló los pormenores de cada uno de los casos a través de su cuenta en la red social X.

En el primer caso, Luis Ángel Susana Montero fue arrestado en Higüey, provincia La Altagracia, por miembros del Departamento de Prófugos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), con la colaboración de agentes de la Policía Cibernética. El detenido está vinculado a una presunta estafa electrónica cometida mediante WhatsApp, relacionada con falsas reservas hoteleras que habrían generado depósitos por RD$269,600 (USD 4,403.26).

En un segundo caso, Joan Manuel Uribe fue arrestado en Santiago de los Caballeros por su presunta vinculación con siete transferencias ilícitas realizadas a una cuenta bancaria, por un monto total de RD$185,940 (USD $3,034.15). El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Asimismo, un ciudadano es investigado por una presunta transferencia ilícita de RD$28,000 (USD 457.32), recibida en una cuenta bancaria. Tras verificarse que tenía una orden judicial de arresto, fue entregado a su tía por instrucciones de la superioridad policial y citado para comparecer el 14 de octubre ante la Dirección de Área Policía Cibernética, con el fin de dar seguimiento al proceso investigativo.

En el cuarto caso, Fernando José Rodríguez Tejada, alias “Tony”, fue recibido bajo custodia policial mediante autorización judicial, por su presunta vinculación con una violación al artículo 15 de la Ley número 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Los operativos de los últimos meses muestran un patrón sostenido de intervenciones contra este tipo de delitos. En junio de este año, la Policía Cibernética apresó a tres personas por estafa electrónica mediante órdenes judiciales: Edward Gabriel del Villar Salazar, acusado de recibir fondos provenientes de una estafa a través de redes sociales y una aplicación de mensajería instantánea; Ranny Ranniel Lugo, vinculado a la supuesta venta fraudulenta de un juego de habitación ofertado en plataformas digitales; y Kleiber Eliezer Medina Silva, señalado por una transferencia ilícita obtenida mediante acceso no autorizado a sistemas tecnológicos en perjuicio de una entidad financiera.

En mayo de 2026, la unidad realizó múltiples arrestos por fraude electrónico, phishing y extorsión en las regiones Este y Norte del país, con la detención de seis personas identificadas como Juan Carlos Sayo Laurent, Wenmin Elis Mateo Céspedes, Keisy Celine Reyes Carbajal, Pascual Adriano Olivo Ventura, Starlyn La Paix Cordero y Luis Antonio Martínez Guzmán. Las autoridades indicaron que algunas operaciones ilícitas investigadas en ese operativo superaron los RD$800,000 (USD 13,065.49), e incluyeron un caso de extorsión vía WhatsApp con amenazas de divulgar imágenes íntimas.

Ese mismo mes, agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética apresaron a Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, señalado como presunto cabecilla de una red dedicada a fraude financiero que habría generado pérdidas aproximadas de RD$305 millones (USD 4,981,218.36) a una entidad bancaria, mediante la aprobación irregular de préstamos digitales y la captación ilícita de datos bancarios. En julio de 2026, la unidad arrestó además a Melvin José Collado Brito y Yeison Avelino, vinculados a esquemas de fraude por inversión y phishing en La Vega y La Altagracia.

El Código Penal Dominicano, complementado por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, establece el marco sancionador para este tipo de conductas. El artículo 15 de dicha ley, citado en el caso de Rodríguez Tejada, tipifica la estafa realizada a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, y contempla penas de tres meses a siete años de prisión, junto con multas de diez a quinientas veces el salario mínimo. La misma normativa sanciona, además, la obtención ilícita de fondos mediante constreñimiento de usuarios de servicios financieros informáticos con penas de tres a diez años de prisión, así como las transferencias electrónicas realizadas mediante el uso ilícito de códigos de acceso, castigadas con uno a cinco años de prisión.

La Policía Nacional, a través de la Policía Cibernética, mantiene las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes, como parte de sus acciones de prevención y persecución de los delitos tecnológicos.