
Centroamérica podría estar perdiendo, por primera vez en una década, el principal colchón que amortiguaba el desempleo y la informalidad de su mercado laboral.
Un informe del Inter-American Dialogue, centro de análisis de políticas con sede en Washington, advierte que las remesas hacia Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua —el bloque conocido como CA-4— crecerán apenas 7-8% en 2026, muy por debajo del 19-20% registrado el año anterior.
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El estudio, titulado Current Challenges to Remittances and Migration: Options for Central America, 2026 y firmado por el investigador Manuel Orozco, calcula que el bloque recibirá cerca de USD 57,787 millones este año, frente a USD 53,822 millones en 2025. Para 2027 la expansión bajaría a un rango de 3% a 4%.
La desaceleración no es uniforme. Guatemala, el mayor receptor con USD 27,062 millones proyectados, crecería 5.5%. Honduras y Nicaragua mantendrían ritmos más altos, de 11% cada uno, mientras El Salvador se ubicaría en 7%.
El freno migratorio ya es visible en las cifras oficiales
La reducción no es una proyección abstracta: ya se refleja en los bancos centrales de la región. Según la Encuesta Semestral del Banco Central de Honduras, los envíos a ese país crecieron 11.2% entre enero y julio, frente a 25.3% en el mismo período de 2025.
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El freno coincide con un aumento simultáneo de los retornos. El Banco Central de Honduras contabilizó 38,052 hondureños deportados o retornados de forma voluntaria hasta julio, 48.5% más que un año antes.
Un patrón similar se registra en Nicaragua. Las deportaciones de nicaragüenses se duplicaron entre enero y julio, al pasar de 3,323 a más de 6,300 personas, según el informe de Orozco.
El documento añade que Nicaragua desplazará a Honduras como el país más dependiente de remesas de América Latina, con 34.4% de su producto interno bruto.

El Inter-American Dialogue atribuye la desaceleración a cuatro factores simultáneos: menos migrantes nuevos hacia Estados Unidos, más deportaciones, un número estable de remitentes que ya no crece y el agotamiento del aumento en el monto promedio enviado, que suele estabilizarse tras ciclos de 18 meses.
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El propio Orozco explicó a The Economist que parte del alza reciente en los montos se explica por el miedo a la deportación: los migrantes envían más dinero por precaución, aunque el número de transacciones ya empieza a caer.
Más de 150,000 deportaciones y un tercio de los remitentes en riesgo
El informe estima que Estados Unidos deportará a más de 150,000 centroamericanos durante 2026: 73,000 guatemaltecos, 51,150 hondureños, 17,000 salvadoreños y 11,750 nicaragüenses.
A esa cifra se suma un dato que el documento considera crítico: cerca de dos millones de centroamericanos tendrían ya una orden de deportación pendiente, el equivalente a un tercio de quienes envían dinero a sus familias.
La organización Human Rights First documentó que entre enero de 2025 y agosto de 2026 Estados Unidos deportó a más de 23,000 personas a 26 países sin vínculo legal ni familiar con ellas, entre ellos ocho naciones africanas. Más de 2,700 de esos deportados fueron enviados a países de América Latina y el Caribe.
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El Caribbean Council documentó un caso que ilustra la incertidumbre regulatoria: la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador venció el 9 de septiembre sin que el Departamento de Seguridad Nacional publicara una decisión, lo que activó una prórroga automática de seis meses que deja en vilo a al menos 177.000 salvadoreños.

El retorno reaviva la intención de emigrar
El Inter-American Dialogue encuestó a 1,100 receptores de remesas en febrero y marzo de 2026 para medir el efecto de estas tendencias sobre las familias.
El hallazgo más llamativo es contraintuitivo: entre 20% y 27% de los hogares consultados reportó tener un familiar que había regresado del exterior, y esa presencia se asocia con una mayor intención de volver a migrar, no con menor.
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Entre 7% y 16% de los hogares encuestados, según el país, dijo que algún miembro planeaba emigrar durante los siguientes doce meses.
Las razones dominantes siguen siendo económicas: mejores ingresos, empleo y dificultades locales, por encima de la inseguridad o los motivos educativos.

El documento también detectó una caída de al menos 500,000 transacciones persona a persona desde 2025, equivalentes a entre 8% y 10% de los hogares que reciben remesas en la región. Esa reducción podría restar, según sus propias estimaciones, al menos 0.5 puntos porcentuales al crecimiento económico del CA-4 y hasta USD 4,000 millones frente a la trayectoria de ingresos esperada para 2027.
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La fuerza laboral del bloque, de más de 18 millones de personas, absorbe cada año a 410,000 nuevos trabajadores, pero el mercado formal solo genera 38,000 puestos.
El resto termina en la informalidad, que ya afecta a 12.7 millones de personas y que el propio informe señala como uno de los principales motores detrás de la decisión de emigrar.
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