Gobierno dominicano acuerda con el BID asistencia técnica ante el alza internacional de los combustibles

La exposición de República Dominicana a las variaciones internacionales de los combustibles llevó al Gobierno a buscar apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reforzar su respuesta fiscal y social.

El Ministerio de Hacienda y Economía anunció un acuerdo de cooperación técnica destinado a mitigar los efectos económicos del alza de los precios de los combustibles.

El acuerdo fue alcanzado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se realizan en Bangkok, Tailandia, entre el 12 y el 18 de octubre.

La iniciativa apunta a preparar herramientas que ayuden a República Dominicana a responder ante escenarios de volatilidad en los mercados internacionales. El objetivo es limitar el impacto de un eventual aumento de los combustibles sobre las cuentas públicas, la inversión estatal y los hogares de menores ingresos.

El acuerdo busca reducir la presión sobre el presupuesto público

La cooperación con el BID se concentrará en el diseño de instrumentos para preservar el espacio fiscal. En términos económicos, se trata de evitar que un alza sostenida de los precios internacionales obligue al Estado a asumir costos que comprometan otras partidas del presupuesto, entre ellas la inversión pública y los programas sociales.

Los combustibles inciden sobre una amplia cadena de costos. Un incremento en sus cotizaciones puede encarecer el transporte, la distribución de bienes, la producción industrial y las actividades vinculadas con el comercio y los servicios. Ese efecto puede trasladarse a los precios internos y generar presiones sobre la inflación.

Para una economía que depende de la importación de energía, la volatilidad externa también tiene consecuencias sobre la disponibilidad de divisas y la planificación del gasto público. Por ese motivo, el Ministerio de Hacienda y Economía pidió apoyo para estructurar mecanismos que permitan anticipar riesgos y ordenar la respuesta oficial ante cambios bruscos del mercado energético.

El anuncio no precisó qué instrumentos técnicos se utilizarán ni estableció un monto asociado al acuerdo. La asistencia del organismo multilateral podrá incluir el análisis de alternativas de política, la evaluación de impactos fiscales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para aplicar las medidas que se definan.

Los subsidios sociales serán revisados con criterios de focalización

Uno de los puntos centrales de la cooperación será la mejora de la focalización de los subsidios sociales. El Gobierno busca que las ayudas lleguen a los sectores con mayor vulnerabilidad ante el encarecimiento de los combustibles, con el fin de evitar que el costo de las compensaciones se extienda de forma indiscriminada.

La focalización permite diferenciar entre los grupos que requieren asistencia y aquellos que cuentan con mayor capacidad para absorber una suba de precios. Desde la perspectiva fiscal, ese criterio puede contribuir a contener el gasto destinado a subsidios y dirigir los recursos disponibles hacia hogares y actividades más afectados.

El acuerdo también prevé medidas para reducir los riesgos que la volatilidad de los combustibles puede generar sobre la inversión pública. Cuando el gasto corriente aumenta por compensaciones o por mayores costos energéticos, el Estado enfrenta restricciones para sostener proyectos de infraestructura y otras obras con impacto sobre la actividad económica.

El BID vincula la asistencia con la agenda dominicana a 2036

La reunión entre Díaz y Goldfajn incluyó la agenda Meta RD 2036, el programa de crecimiento de largo plazo de República Dominicana. Las autoridades analizaron su posible articulación con LAC CRECE, una iniciativa del Grupo BID para los países de América Latina y el Caribe.

Las áreas mencionadas durante el encuentro fueron la atracción de inversiones, el desarrollo de zonas francas y el aumento de la productividad. La vinculación de esos objetivos con la cooperación energética apunta a que la respuesta ante los precios de los combustibles no quede limitada a medidas de corto plazo.

El BID mantiene en República Dominicana una cartera de 22 proyectos por $3.162 millones. Según los datos difundidos por el Gobierno, la ejecución de los recursos pasó del 45% del presupuesto asignado entre 2020 y 2022 al 78% en 2026.