La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un estudio que identifica avances, riesgos y brechas en la política de integridad pública de República Dominicana, y recomendó medidas para fortalecer la protección de denunciantes, los mecanismos de investigación y sanción, y la participación ciudadana en el control de la gestión estatal.
El documento, elaborado junto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), examina la estructura institucional, las normas de conducta, los sistemas de transparencia, los canales de denuncia y los mecanismos de control que intervienen en la prevención de prácticas irregulares dentro del Estado.
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La presentación estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, quien afirmó que la evaluación permite contrastar el funcionamiento de las instituciones dominicanas con parámetros internacionales. Abinader sostuvo que los resultados deben convertirse en reformas y medidas verificables para la población.
“La verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura”, expresó, según informó la Presidencia dominicana.
Del diagnóstico a las reformas medibles
El Presidente señaló que el país debe avanzar desde la evaluación hacia la aplicación de las propuestas planteadas por la OCDE. “Del diagnóstico a la acción, de las recomendaciones a las reformas y de las reformas a resultados que los ciudadanos puedan comprobar”, afirmó.
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El informe aborda la integridad desde una perspectiva que excede la sanción de hechos de corrupción. Analiza la capacidad de las instituciones, la prevención de riesgos, la toma de decisiones públicas, la transparencia y la intervención de actores sociales en el seguimiento de las políticas estatales.
Entre las recomendaciones figura fortalecer la protección de las personas que denuncian irregularidades, una medida vinculada a la eficacia de los canales de alerta y a la confianza de los funcionarios y ciudadanos para informar posibles faltas.
La OCDE también propuso incorporar criterios de integridad en los sistemas de gestión de riesgos de las instituciones públicas. El objetivo es que las entidades identifiquen áreas vulnerables antes de que se produzcan hechos que afecten la administración de recursos o la toma de decisiones.
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Base institucional y evaluación internacional
La directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, felicitó a República Dominicana por el compromiso asumido en esta materia y señaló que el país aplica prácticas alineadas con estándares internacionales.
Pilichowski reconoció los avances registrados y consideró que existe una estructura institucional sobre la cual puede desarrollarse la estrategia nacional. Su evaluación se produjo durante el acto de presentación del estudio ante autoridades del Gobierno dominicano.
El informe plantea, además, reforzar las capacidades de investigación y sanción ante posibles infracciones a las normas de integridad. Este punto abarca los procedimientos internos de las instituciones, la coordinación entre organismos y la respuesta estatal frente a denuncias o alertas.
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La organización propuso ampliar las instancias de participación y control social, con una mayor intervención de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación y empresas. La recomendación apunta a que la supervisión de la gestión pública no quede limitada a los organismos estatales.
Respaldo del Gobierno a la implementación
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la integridad debe atravesar todas las etapas de la administración pública y aseguró que su cartera acompañará a la Digeig y al resto de los organismos estatales durante la aplicación de las recomendaciones.
“La integridad no es tarea de una sola institución. Cada institución tiene una tarea. Cada servidor público tiene una responsabilidad”, sostuvo Paliza.
La directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, indicó que el fortalecimiento de la gobernanza requiere coordinación entre los poderes del Estado y participación ciudadana. También vinculó el acercamiento de República Dominicana a la OCDE con la modernización del Gobierno y el fortalecimiento de la transparencia.
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La presentación del documento coincide con el avance de la Estrategia Nacional de Integridad Pública 2026-2036 (ENIP), que prevé transformar las conclusiones del diagnóstico en una hoja de ruta con objetivos, medidas, organismos responsables e indicadores de cumplimiento.
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