El Gobierno de República Dominicana presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre convivencia ciudadana para reducir los homicidios y otros delitos, tras reconocer que la baja de los indicadores oficiales no elimina la percepción de inseguridad en las calles.
La tasa acumulada de homicidios se ubicó en 7,36 por cada 100.000 habitantes al 25 de septiembre de 2026, una caída de 15,8% frente al mismo período de 2025. Respecto de 2022, cuando alcanzaba 13,20, la reducción fue de 44,2% informaron las autoridades durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.
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Los robos también disminuyeron 40,5% en comparación con igual período del año anterior. De los 35 territorios analizados, 28 —equivalentes al 80%— mantenían una tasa de homicidios de un solo dígito.
En los primeros 25 días de septiembre se registraron 99 homicidios: 45 fueron clasificados como acción legal, 35 estuvieron vinculados a conflictos sociales, 11 se atribuyeron a hechos delictivos y ocho permanecían bajo investigación.
Los conflictos entre ciudadanos, detrás de la mayoría de los homicidios
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo que la caída de la violencia homicida y la sensación de inseguridad de la población no son fenómenos contradictorios. Durante La Agenda Semanal situó la tasa acumulada de homicidios en 7,41 por cada 100.000 habitantes y la comparó con el 21% registrado en 2011, cuando comenzaron los registros disponibles en el país, de acuerdo con Listín Diario, diario dominicano.
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La funcionaria advirtió que esa mejora estadística no determina cómo se sienten los ciudadanos frente a los delitos cotidianos: “Ha habido una reducción. Pero eso no necesariamente significa que la gente deba sentirse más segura”.
Raful atribuyó la percepción de persistencia de la delincuencia y la violencia a los conflictos barriales, las rencillas entre vecinos y los casos de raterismo. Además, afirmó que el 66% de los homicidios intencionales se originan en conflictos sociales entre ciudadanos, por encima de los vinculados directamente con la delincuencia organizada.
La propuesta legislativa buscará impulsar mecanismos de resolución de disputas para prevenir esos hechos. La ministra recordó la labor de la Casa Comunitaria de Justicia, a la que recurren personas con problemas vecinales, entre ellos las controversias por estacionamientos.
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El presidente Luis Abinader planteó el caso de una mujer que murió presuntamente a manos de su cuñada para ilustrar los límites de la intervención policial en conflictos familiares. “¿Cómo puede la Policía intervenir en este caso?”, preguntó el mandatario.
La víctima fue Yedreisy Martínez Martínez, de 36 años, quien murió por una herida de arma blanca en el distrito municipal La Otra Banda, en Higüey, provincia La Altagracia. La presunta autora, Rafaela Carpio Báez, de 27 años, fue entregada a las autoridades por su esposo, Juan Alberto Martínez, hermano de la fallecida.
Raful señaló que de los 38.000 agentes policiales solo el 12% patrullaba las calles en años anteriores, mientras que actualmente esa proporción asciende al 31%. Consideró que el despliegue aún es insuficiente y reclamó más recursos, herramientas tecnológicas, vehículos, motocicletas y mejoras en las estaciones policiales.
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La funcionaria indicó que ya fueron remozadas más de 100 dependencias, frente a un diagnóstico de 500 estaciones en condiciones precarias. Abinader sostuvo que para el Gobierno “un solo homicidio es demasiado. Un solo robo de una yipeta, de un celular, es demasiado. Un solo asalto es demasiado”.
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