República Dominicana y Chile crearán un equipo conjunto de investigación para combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el lavado de activos, a partir de un acuerdo que refuerza la cooperación jurídica internacional entre ambos países.
El convenio, firmado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional Ángel Valencia Vásquez, establece que autoridades de ambas naciones unirán esfuerzos frente a delitos vinculados al crimen organizado transnacional.
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Por primera vez, República Dominicana participa en la creación de un equipo binacional bajo la Convención de Palermo, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año y contempla la coordinación de investigaciones, el intercambio de información y la protección de las víctimas de estos delitos.
El equipo conjunto estará integrado por fiscales y policías de ambos países, quienes trabajarán para identificar a los responsables, iniciar acciones judiciales y afectar los bienes asociados a actividades ilícitas.
Uno de los objetivos prioritarios es proteger la vida y la integridad de las personas migrantes víctimas de redes de trata, con un enfoque centrado en los derechos humanos.
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Estrategias coordinadas y protección de víctimas
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso indicó que la persecución de la trata y el tráfico de personas constituye un objetivo estratégico para la política penal dominicana.
Señaló que el Ministerio Público coordina con distintas instituciones nacionales para fortalecer la respuesta estatal ante estos delitos, lo que ha facilitado la cooperación con las autoridades chilenas.
Reynoso explicó que las investigaciones sobre trata avanzan en paralelo a las de lavado de activos, ya que las organizaciones criminales buscan beneficios económicos ilícitos que después intentan legitimar en los mercados formales.
Enfatizó que el trabajo conjunto no se limita a la obtención de condenas, sino que prioriza la protección de los derechos fundamentales de las víctimas, muchas veces sometidas a graves vulneraciones de su dignidad.
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Antes de la firma del convenio, los equipos fiscales de ambos países ya colaboraban bajo la Convención de Palermo. Ahora, podrán profundizar el intercambio de información, la recolección de pruebas y la coordinación operativa en investigaciones específicas.
Cooperación bilateral y perspectivas
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, afirmó que el acuerdo representa una herramienta práctica para enfrentar el crimen organizado transnacional. Destacó la posibilidad de compartir experiencias y estrategias entre los ministerios públicos de ambos países, con el objetivo de mejorar la eficacia en las investigaciones y fortalecer los procesos penales.
En el acto de firma participaron autoridades de inteligencia, migración y derechos humanos, así como representantes diplomáticos de ambos países, quienes manifestaron su respaldo a la iniciativa como parte del fortalecimiento institucional frente a la delincuencia organizada.
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El convenio, con una vigencia inicial de un año, será evaluado para medir su impacto en la reducción de la trata de personas, el tráfico de migrantes y el lavado de activos. La expectativa es que esta colaboración permita establecer mecanismos para futuras alianzas regionales en el abordaje de delitos transnacionales.
En síntesis, la conformación de este equipo conjunto representa un paso en el fortalecimiento de la cooperación internacional, mediante la coordinación de acciones y el intercambio de información para mejorar la protección de las víctimas y enfrentar las redes criminales presentes en ambos países.
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