
Panamá se prepara para ensayar cómo responder ante casos de pesca ilegal y contaminación marina antes de enfrentarlos en una situación real.
El proceso de organización del simulacro contempla tres reuniones de planificación para definir compromisos institucionales, disponibilidad de personal y aspectos logísticos de las fases de mesa y operativa en el mar.
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El Ministerio de Ambiente de Panamá convocó a las entidades que integran el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero con el fin de preparar un ejercicio ante posibles casos de pesca ilegal y contaminación marina.
La iniciativa evaluará la coordinación entre instituciones y su capacidad de respuesta frente a amenazas a los ecosistemas del país.
Primera etapa será un ejercicio de mesa previsto para enero.

Los participantes revisarán escenarios hipotéticos de actividades pesqueras ilícitas e incidentes contaminantes, con atención a las decisiones y los mecanismos de enlace.
En febrero se desplegarán embarcaciones, equipos y personal para una segunda fase en condiciones operativas reales.
“Lo que buscamos con este ejercicio es concretar la interoperabilidad entre las instituciones, es decir, aprovechar las capacidades que tiene cada entidad de manera articulada y armonizada para obtener resultados mucho más óptimos y eficientes”, explicó Osvaldo Ureña, coordinador del Centro.
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Participaron representantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental, el Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y WildAid.
El ejercicio responde a la necesidad de que las alertas sobre actividades ilícitas o incidentes ambientales lleguen sin demoras a las autoridades responsables.

La evaluación buscará detectar fortalezas, corregir fallas de comunicación y acortar los tiempos de reacción.
“Compartir información en este campo es delicado, y no es tan sencillo como levantar un teléfono o enviar un correo a alguien que ni conocemos. Lo que buscamos es que las instituciones se conozcan, sepan con qué cuenta cada una y generen la confianza mutua que hace falta para trabajar juntas”, señaló Ureña.
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Como parte de la preparación, las instituciones recibirán formación especializada sobre seguridad en interdicciones marítimas y procedimientos de abordaje.
Estas capacitaciones acompañarán la incorporación de nuevos recursos navales por parte de MiAmbiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para reforzar el control, la vigilancia y el patrullaje en áreas marinas protegidas.
El Centro concentra actualmente sus tareas de monitoreo en el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, el Parque Nacional Coiba, la Zona Especial de Protección Marina, el Archipiélago de Las Perlas y los sitios Ramsar de la Bahía de Panamá.

Desde su creación, el organismo detectó cerca de diez embarcaciones relacionadas con posibles actividades de pesca ilegal. Los expedientes fueron enviados a las autoridades competentes para el inicio de los procesos correspondientes.
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Las infracciones pueden acarrear multas de entre USD 5.000 y USD 10.000, según la gravedad de la falta y la normativa aplicable.
“Una detección puede implicar sanciones por parte del Ministerio de Ambiente o de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Es un trabajo coordinado, mancomunado y de equipo, y por eso consideramos que la creación del Centro ha sido realmente positiva”, destacó el coordinador.
El Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero fue inaugurado en septiembre de 2025. Es el primero de carácter interinstitucional en la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y cuenta con equipos adquiridos gracias al apoyo de WildAid, Fundación PACÍFICO y Bezos Earth Fund.
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El CMAR conecta a Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador a través de una red de áreas marinas protegidas que incluye Galápagos, Isla del Coco, Malpelo, Gorgona y Coiba.
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