El juez Deiby Timoteo Peguero fue designado para conocer el juicio preliminar contra 14 personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una red que repartió RD$108.080.359,92 (USD 1,855,775.41) en sobornos para obtener y sostener contratos de seguridad privada en instituciones públicas de República Dominicana, un paso que ahora obliga a fijar la audiencia en la que el Ministerio Público pedirá la apertura a juicio.
Según Listín Diario, la acusación sostiene que el esquema operó entre 2012-2020 y 2020-2025. El Ministerio Público afirma que los pagos se hacían para mantener vigentes las contrataciones, acelerar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
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El expediente fue asignado mediante sorteo aleatorio computarizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, conforme al procedimiento establecido para distribuir los casos.
Con el apoderamiento ya formalizado, corresponde al magistrado del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijar la fecha de la audiencia preliminar. En esa etapa, la fiscalía solicitará un auto de apertura a juicio para los 14 encartados.
La acusación vincula a exfuncionarios, militares, civiles y cuatro empresas
Entre los acusados figura Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L., conocida como Senase.
También aparecen Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia; y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
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La acusación también incluye a las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, ambas propiedad de Rodríguez González. A ese grupo se suman Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con el expediente, los sobornos identificados fueron exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional. El objetivo, según la imputación, era asegurar la continuidad de los contratos y preservar un sistema que favorecía su ejecución sin controles reales del Estado.
La investigación nació de una denuncia y derivó en la Operación Lobo
La pesquisa estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Pepca, y se originó en una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. El caso forma parte de la acusación formal impulsada por el Ministerio Público dentro de la denominada Operación Lobo.
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Esa operación fue puesta en marcha en julio de 2025, cuando las autoridades arrestaron a militares y civiles señalados de integrar la estructura. Los cargos que enfrentan los acusados incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Citado por Listín Diario, el Ministerio Público sostiene que la red se dedicaba a la obtención ilícita y al mantenimiento de contratos de seguridad privada en distintas instituciones estatales. La acusación describe un mecanismo de corrupción institucionalizada que, según la Procuraduría General de la República, subordinó por completo el sistema de control estatal.
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