Procesado por el fraude en Tránsito Terrestre exige su móvil de vuelta, aunque es una prueba clave de la investigación dominicana

El Ministerio Público de República Dominicana solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que declare inadmisible la petición de Juan Francisco Álvarez Carbuccia para la devolución de un teléfono móvil incautado, el cual figura como prueba esencial en el expediente judicial por corrupción administrativa que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez, según informó el organismo.

De acuerdo con el portal del Ministerio Público, la solicitud de Álvarez Carbuccia, quien fue enviado a juicio el pasado 5 de junio junto a Hugo Beras y Jochi Gómez, incluyó el pedido de devolución de un dispositivo móvil Samsung S3.

El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, representante del Ministerio Público en la audiencia, explicó a la prensa que el acusado pidió la devolución del equipo y, en caso contrario, una compensación de siete millones de pesos al Estado dominicano.

“Él pide la devolución de un equipo que está en la acusación del Ministerio Público, y en caso de que no, que condenen al Estado por siete millones de pesos por la devolución de ese equipo”, afirmó Pérez Fulcar.

El Ministerio Público argumentó que el teléfono móvil forma parte de las pruebas extraídas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y subrayó la importancia de este dispositivo en la investigación. El caso se encuentra a la espera de decisión, ya que la jueza Patricia Padilla reservó el fallo para el próximo 23 de julio, según el reporte.

El proceso judicial involucra acusaciones de corrupción administrativa, lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red semafórica en el Gran Santo Domingo. La acusación sostiene que Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación tanto de la red semafórica como del sistema de videovigilancia.

Por su parte, José Ángel Gómez Canaán figura como beneficiario de contratos irregulares con empresas como Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ser señalado como responsable de controlar los sistemas semafóricos, la videovigilancia, el espionaje tecnológico y el sabotaje a la red semafórica.

El expediente judicial atribuye a Juan Francisco Álvarez Carbuccia la emisión de certificaciones presupuestarias falsas. Los restantes implicados enfrentan acusaciones por delitos relacionados con el lavado de activos, manipulación de licitaciones, decisiones irregulares en el Comité de Compras y falsificación de documentos para favorecer a empresas vinculadas al esquema de corrupción.

Las personas jurídicas involucradas habrían sido utilizadas para la obtención de contratos fraudulentos y el control técnico de la infraestructura semafórica.

Según el Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el 5 de junio bajo cargos de desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violaciones a la Ley de Armas.

La audiencia que decidirá el destino del teléfono móvil, considerado una pieza clave en el proceso, se realizará el próximo 23 de julio. El avance del caso mantiene la atención pública sobre la gestión de recursos y la transparencia en instituciones del Estado dominicano, mientras la justicia determina la validez y destino de cada una de las pruebas presentadas, entre ellas el dispositivo solicitado por la defensa.