La sociedad dominicana se encuentra nuevamente consternada ante un trágico suceso que pone en evidencia la persistente crisis de violencia de género y el alza de feminicidios en la República Dominicana.
El caso más reciente involucra a Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, quien perdió la vida tras ser atacada a tiros presuntamente por su pareja sentimental, Tony Vallejo Méndez, un sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD).
El brutal incidente ocurrió durante la madrugada de lunes 22 de junio en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este. De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Nacional, la víctima fue atacada al llegar en un vehículo al referido centro de salud.
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En el mismo hecho, resultó herida la señora Marilenmy Cuello, de 45 años, amiga de la fallecida, quien actualmente recibe asistencia médica bajo pronóstico reservado en el mismo hospital. Tras cometer el hecho, el agresor emprendió la huida y, de manera extraoficial, trascendió que habría ingerido una sustancia nociva en un intento de atentar contra su propia vida.
Horas más tarde, Vallejo Méndez fue localizado en el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, donde recibió atenciones médicas bajo estricta custodia policial por parte de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
Un vocero de la Policía Nacional de República Dominicana informa sobre la detención del sargento mayor del ejército, Tony Vallejo Méndez, acusado de quitarle la vida a su pareja sentimental, Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo.
Historial de acoso y conflictos de pareja
Este lamentable acontecimiento desnuda una realidad alarmante sobre los entornos de control y el perfil de los agresores. Familiares de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo relataron que la relación de la pareja, que dejó dos hijos en común, estaba fuertemente marcada por constantes conflictos y severos episodios de celos.
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Según declaraciones de la hermana de la víctima, Nancy había tomado la determinación de salir de la vivienda familiar tras sostener una fuerte discusión previa al desenlace fatal.
La persecución constante y el hostigamiento eran parte del día a día de la víctima, quien según su madre, buscaba separarse de forma definitiva pero no encontraba la paz ni la oportunidad debido al acoso sistemático que ejercía el militar.
Por lo que, el dolor y la impotencia se apoderaron de los familiares a las afueras del centro médico. La madre de la joven asesinada expresó un desgarrador testimonio exigiendo que el caso no pase a formar parte de las frías estadísticas de la impunidad.
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Manifestó su profundo temor de que la condición de militar del acusado interfiera con el accionar de la justicia, declarando que históricamente a los miembros de los cuerpos castrenses se les suele proteger dentro de las estructuras institucionales.
Con profundo dolor, la madre de Nancy Sánchez narra cómo el esposo de su hija la acosaba constantemente, impidiéndole ejercer su profesión. Exige la pena máxima para el asesino, un militar, y pide que el caso no quede impune.
La familia clama por la aplicación de la pena máxima para el agresor, recordando a Nancy como una madre ejemplar que luchó por superarse profesionalmente, logrando terminar una carrera universitaria que lamentablemente nunca pudo ejercer debido a que su vida fue truncada de forma violenta.
Las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público han informado que continúan desarrollando las pesquisas correspondientes para esclarecer detalladamente las circunstancias que rodearon este crimen.
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El asesinato de Nancy Sánchez Gálvez reaviva con urgencia el debate nacional sobre la necesidad de implementar reformas profundas en las políticas públicas de prevención y sanción de la violencia contra la mujer en la República Dominicana.
La recurrencia de casos donde los agresores pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado añade una capa extra de complejidad y urgencia al problema, evidenciando fallas críticas en los filtros psicológicos y el seguimiento conductual dentro de las instituciones militares y policiales.
La ciudadanía continúa demandando acciones contundentes e integrales que garanticen la protección efectiva de las víctimas que deciden romper el silencio y buscar su separación de entornos altamente peligrosos.
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