Autoridades panameñas deportan a 24 nicaragüenses y a 67 colombianos y ecuatorianos

Un total de 24 nicaragüenses que se mantenían en Panamá en situación migratoria irregular fueron deportados vía aérea por el Servicio Nacional de Migración.

De los 24 expulsados, ocho tenían antecedentes penales por tráfico y venta de drogas, tráfico ilícito de migrantes, tentativa de incendio contra bienes estatales, evasión de puestos de control y por representar amenaza para la seguridad colectiva.

Los restantes 16 nicaragüenses fueron sacados del país por permanecer en situación migratoria irregular, con estancia vencida o por no cumplir con los requisitos legales de ingreso y permanencia.

En Panamá la población de los nativos de Nicaragua se estima en 30,585 personas, según el último Censo de Población de 2023.

El Servicio Nacional de Migración indicó que la deportación se ajustó a la ley vigente y a los convenios internacionales, como parte del control ordenado de flujos migratorios y preservación del orden público.

En días pasados, igualmente se registró la expulsión y deportación de 67 extranjeros de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, bajo la acusación de incumplir la normativa migratoria vigente y de también representar un riesgo para la seguridad nacional.

Del total, el Servicio Nacional de Migración explicó que 55 son ciudadanos colombianos, de los cuales 38 fueron expulsados al considerárseles una amenaza para la seguridad y el orden público, tras confirmarse sus antecedentes penales vinculados al tráfico internacional de drogas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio doloso, posesión de armas, y posesión agravada de drogas.

Otras 17 personas fueron deportados por infringir disposiciones administrativas establecidas por la entidad de migración.

Respecto a los ciudadanos de Ecuador, la información oficial manifiesta que siete fueron deportados por faltas a la normativa vigente, mientras que cinco regresaron voluntariamente a su país de origen.

Con esta operación, la institución detalló que se realizó el vuelo chárter número 69, enmarcado en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley, indica la institución en comunicación oficial.

El Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso de fortalecer los controles migratorios, preservar la seguridad nacional y respetar los derechos fundamentales, actuando en coordinación con las autoridades competentes.

En su labor de verificación del status de los extranjeros en el país, esta semana la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración confirmó la vinculación de un ciudadano colombiano con la organización criminal Clan del Golfo, lo que motivó su expulsión.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Urabeños, surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtió en una fuerza criminal con alcance nacional, según reseña el sitio de investigación InSight Crime.

El Clan del Golfo, añade, se dedica principalmente al tráfico transnacional de drogas. El grupo controla territorios y regula o dirige el mercado de la pasta base de coca, escoltando cargamentos a lo largo de corredores de tráfico, asegurando el acceso a laboratorios de procesamiento y proveyendo almacenamiento y servicios de envío en las regiones costeras y fronterizas.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración panameño la verificación realizada a través de las bases de datos institucionales permitió constatar que el ciudadano extranjero contaba con alerta roja de Interpol.

Tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.

Las cifras más recientes indican que durante los primeros seis meses del 2025 el Servicio Nacional de Migración deportó a un total de 1,390 extranjeros, según cifras preliminares oficiales actualizadas al 30 de junio de ese año, reportaron los medios de comunicación.