El Ministerio Público de República Dominicana desmanteló una red que, desde el entorno del Instituto Oncológico Regional del Cibao, habría desviado fondos públicos destinados a tratamientos de cáncer en el Cibao, afectando tanto al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como a pacientes oncológicos y al propio Estado. El operativo, conocido como Onco14, permitió la incautación de dinero en efectivo, vehículos, documentos y dispositivos electrónicos, marcando el último capítulo de una investigación que involucra a exdirectivos de la institución y empresas fachada, según informaciones de Listín Diario.
Los fiscales sostienen que, a través de compañías y fundaciones vinculadas a los implicados, se desviaron recursos del régimen subsidiado de salud. La pesquisa identifica como cabecillas a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y a Luisa Yasiris Guzmán, quien figura como presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. También se imputa a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exvicepresidenta y auditora del patronato.
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La acusación describe un mecanismo sostenido en el tiempo, orientado a apropiarse de aportaciones estatales y recursos económicos que debían llegar a pacientes oncológicos vulnerables. Empresas como Vargas Lora & Asociados —actualmente Vargas Guzmán Accounting Center— aparecen en el expediente como instrumentos del supuesto fraude, según el Ministerio Público citado por Listín Diario.
Permanencia irregular y control institucional
Uno de los elementos que, según los fiscales, permitió la consolidación del esquema fue la prolongada permanencia de Lora Cruceta al frente de la presidencia del Instituto Oncológico Regional del Cibao. La investigación señala que ocupó ese cargo durante casi siete años, cuando los estatutos solo autorizaban dos. Esta situación habría facilitado el manejo discrecional de fondos y la continuidad de las operaciones bajo sospecha.
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El Ministerio Público sostiene que la permanencia extendida no solo contravino las normas internas, sino que también resultó determinante para mantener el control sobre los recursos y las decisiones de la institución. El expediente atribuye a esta situación un papel central en la estructura delictiva desmantelada.
Qué implica la Operación Onco14 y los delitos imputados
La causa Onco14 expone la supuesta trama de fraude que, de acuerdo con la Procuraduría, perjudicó tanto al sistema público de salud como a cientos de pacientes oncológicos del Cibao. La investigación fue conducida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Fiscalía de Santiago, en coordinación para abordar un caso de corrupción y desvío de recursos en el sector sanitario.
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De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados enfrentarán cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología por acceso ilícito a sistemas y lavado de activos. La causa se enmarca dentro de una serie de investigaciones vinculadas al fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que han dado lugar a otras operaciones previas, dirigidas por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
La estructura desarticulada en la Operación Onco14 habría operado mediante la creación de empresas y fundaciones que recibían fondos destinados a tratamientos médicos, desviando esos recursos y perjudicando a pacientes que dependían del régimen subsidiado de salud.
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