El Parlamento de Escocia avaló pedir a Londres competencias para un segundo referéndum de independencia y reabrió el pulso constitucional con el Gobierno británico. La votación se saldó con 72 votos a favor y 55 en contra. El respaldo de los diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) y de los Verdes resultó decisivo para superar la mayoría absoluta y asegurar la aprobación de la propuesta.
El ministro principal escocés John Swinney defendió que la independencia es “una oportunidad de oro para la nación histórica” y afirmó que las recientes elecciones autonómicas dejaron “la mayor mayoría independentista de la historia de la autonomía”. En el hemiciclo, sostuvo que existía “un mandato democrático claro” para que los escoceses decidieran su futuro. “Lideraré un Gobierno que siempre estará del lado de Escocia”, agregó.
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“Si la gente en Escocia quiere que Escocia sea independiente, el SNP tiene que hacerlo muy bien en estas próximas elecciones”, había señalado en enero en una entrevista a Sky News, John Swinney.
Por su parte, el líder de los conservadores escoceses Russell Findlay acusó al SNP de mantener al país en una “parálisis constitucional” y cuestionó que el primer gran debate de la legislatura no se centrara en la sanidad o la economía. Desde el Partido Laborista, Anas Sarwar reclamó priorizar los servicios públicos y criticó al SNP por el caso de malversación que involucró a su exdirector ejecutivo Peter Murrell, quien admitió el desvío de más de 400.000 libras (unos 464.000 euros) en fondos del partido para campañas referendarias.
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El dirigente prometió que su administración trabajaría para toda Escocia, con el compromiso de fortalecer el NHS, ampliar infraestructura, apoyar la educación y la innovación, y ofrecer ayudas para la compra de viviendas. Entre los anuncios, destacó la intención de elevar el Scottish Child Payment a 40 libras semanales para bebés menores de un año y establecer un apoyo de hasta 10.000 libras para compradores primerizos.
El gobierno británico, encabezado por el laborista Keir Starmer, reiteró su rechazo a transferir las competencias necesarias para un segundo referéndum. Según fuentes oficiales, Londres sostuvo que no habrá una nueva consulta durante la actual legislatura.
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El Tribunal Supremo británico dictaminó en 2022 que el Parlamento escocés no podía convocar un referéndum de forma unilateral sin autorización del gobierno central. Pese a esa resolución, el Ejecutivo escocés insistió en que la mayoría parlamentaria reciente constituía un “mandato democrático” que debía respetarse.
Durante el debate, el líder de Reform UK Scotland Malcolm Offord calificó la situación como un “día de la marmota” y defendió que no se debatiera un nuevo referéndum en la próxima década. Los liberaldemócratas catalogaron la petición de poderes como “meramente simbólica” y cuestionaron la capacidad del SNP para asegurar la mayoría necesaria.
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(Con información de BBC y EFE)
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